La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto tras comprobarse que contrató a dedo herramientas digitales para la educación en la región.
El contrato tuvo un costo de más de 20.453 millones de pesos y fue adjudicado a la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics) para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.
La Procuraduría concluyó que en el proceso precontractual se violaron los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal al no permitir la participación de otros proponentes, con lo cual no hubo comparación de ofertas.
“No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”, conceptúo el Ministerio público.
También cuestionó que, a pesar de que hubo varias advertencias sobre esa irregularidad, éstas no fueron tenidas en cuenta por la administración de Pinto.
La decisión de la Procuraduría también cobija a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.
