El Fiscal General de la Nación, Francisco Barboza Delgado dijo que la Directiva 0002, que definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, ha permitido focalizar el trabajo investigativo de los hechos que representen riesgo para el certamen democrático.
Sobre posibles delitos electorales, la Fiscalía General de la Nación registra 366 casos en indagación, 46 archivados porque no se encontraron méritos o no había carga probatoria sobre la configuración de un ilícito; 7 procesos con imputación y uno en juicio.
“Expedimos este documento en febrero. Básicamente lo que hicimos fue distribuir grupos de fiscales en todo el territorio nacional y atribuir unas funciones específicas a la Delegada de Seguridad Territorial, a la Delegada de Finanzas Criminales, a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, a la Dirección de Derechos Humanos, en términos de amenazas a algunos candidatos, y a la Unidad Especial de Investigación, que también cumple unas funciones de amenazas a desmovilizados o reincorporados, personas del Partido Comunes”, dijo el fiscal al explicar el alcance de la Directiva 0002.
