Desde hace cuatro meses, la FLIP ha realizado seguimiento a denuncias realizadas por ocho periodistas frente a la dificultad que tienen para acceder a información a través de la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha usado diferentes estrategias para obstaculizar el acceso a la información, entre estas están:
La Fiscalía se ha negado a responder solicitudes de información que han sido radicadas de manera formal a través de derechos de petición sobre temas como:
- Las desapariciones de civiles durante las manifestaciones del 2021, las detenciones de paso en celdas de la Fiscalía y las irregularidades en un informe presentado por la Fiscalía sobre operativos contra el narcotráfico en Norte de Santander.
- La directora de comunicaciones de la Fiscalía, Paola Andrea Tovar Niño, bloqueó en WhatsApp a periodistas de dos medios, con lo que les excluye e impide hacer su trabajo periodístico.
- La Fiscalía ha mostrado sesgos y preferencias a la hora de entregar información. Tovar le dijo a un periodista que no le daba la información a su medio y a otro sí porque “no les gustaba trabajar con ellos”.
Frente a esta situación, la FLIP se comunicó con Tovar y su respuesta fue que el problema era que las y los periodistas no daban un trámite formal a sus preguntas mediante derechos de petición.
La Corte Constitucional ha reconocido que si una entidad del Estado decide utilizar una red social y esta admite una comunicación bidireccional, está en la obligación de tramitar los derechos de petición que por esa vía se formulen. Del mismo modo, los grupos de WhatsApp no deben ser vistos como espacios unidireccionales, en los que las instituciones envían comunicados y esperan que los medios los repliquen sin cuestionar la información que reciben.
Por esto, el 24 de mayo enviamos un derecho de petición a la Fiscalía para indagar si se estaba cumpliendo con la obligación de establecer un trámite preferencial para las solicitudes de información.
El pasado 8 de junio, se cumplió el plazo para que la entidad diera una respuesta; sin embargo, esto no ha ocurrido.
En palabras de la Corte Constitucional, este trámite preferencial parte de que “el ejercicio del periodismo, es decir, la tarea de dar visibilidad y comprobar hechos de interés social, sea mucho más productiva cuando hay una facilidad para acceder a la información de interés que permite ampliar la búsqueda, desarrollar el tema y contrastar las fuentes para el trabajo investigativo que, al final, se pone al servicio de la sociedad.” El acceso a la información es fundamental en una democracia, pues gracias a este derecho las personas pueden tomar decisiones informadas.
Hacemos un llamado a la Fiscalía para que haga una revisión interna de sus prácticas en la oficina de prensa, para que se garantice la entrega de información, se aclaren los canales mediante los cuales se puede solicitar derechos de petición y se promueva una transparencia activa. Además la oficina de comunicaciones debe tener un protocolo interno claro para darle un trámite preferencial a las solicitudes, de manera que se entregue la información sin aplazamientos ni restricciones injustificadas. Además, no se debería restringir el acceso a la información a las y los periodistas debido a las afinidades personales de la persona a cargo de las comunicaciones.
También le pedimos a la Procuraduría que haga veeduría sobre el cumplimiento de Fiscalía con la ley 1712 del 2014 de acceso a la información, para que preste asesoría para que los procesos de la Fiscalía mejoren y haya un mejor flujo de información entre la entidad y la prensa.
