Lo ocurrido este domingo 3 de julio de 2022 con el veedor, abogado y dirigente sindical, Erick Urueta Benavides, es solo un ápice de las irregularidades que instituciones con manejo de control de orden público e investidura de autoridad vienen presentando hace mucho tiempo.
El caso específico del mayor Bueno de la Policía Metropolitana de Cartagena no es aislado, es preciso recordar que este oficial está bajo investigación porque venía perfilando al veedor y es el mismo que está presuntamente vinculado al caso de falso positivo que se le montó a la presidenta del Concejo Distrital, Gloria Isabel Estrada Benavides.
A pesar que la Institución ha vivido un proceso de transformación (en mi concepto este proceso se limitó al cambio de uniforme), lo cierto es que los mecanismos han resultado aún insuficientes para enfrentar los fenómenos de la delincuencia, especialmente del narcotráfico y de bandas delincuenciales.
El Gobierno nacional no cuenta con los mecanismos apropiados para ejercer un control directo sobre tales situaciones, ni se evidencian, desde nuestra perspectiva como ciudadanos, cambios en el manejo a las irregularidades por parte de miembros de esta Institución hacia la ciudadanía en general.
Para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en nuestra ciudad, se debe avanzar hacia instituciones más confiables, más capaces, más abiertas y más innovadoras y de esta forma continuar con una senda de mayor desarrollo inclusivo y de alguna manera recuperar la confianza en instituciones como la Policía.
Dos de cada cuatro ciudadanos de Cartagena de Indias tienen poca o ninguna confianza en su gobierno. Y alrededor de un 80% creen que la corrupción está extendida a las instituciones públicas. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad y la institución, poniendo así en riesgo la cohesión social.
