Colombia se ufana de tener una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, y así se ha demostrado desde 1810 con la Proclamación de República Independiente con gobiernos de derecha hasta el 2022, donde se rompe la tradición con la subida al poder, sin contratiempo alguno, de la izquierda que nunca había gobernado nuestros destinos.
Pero una cosa es la concepción política de derecha y otra la de izquierda, y en los años de oposición de la izquierda, estas, fueron arrasados sin contemplaciones por la maquinaria de la derecha, a pesar que pudiesen existir intereses comunes en los dos bandos, las propuestas quedaban en las comisiones o no se les daba el trámite legal para ser aprobadas, ello, por los intereses politiqueros, personales o empresariales de unos cuantos que no les convenía los cambios y los proponentes se tenían que someter a la cruel hegemonía del poder dictatorial de los interesados, incluyendo los famosos “micos” parlamentarios para que la corte los pudiese declarar inconstitucional.
También se le abona, que muchas reformas se hundieron por falta de liderazgo de los ministros inoperantes encargados de su socialización cuando ellas, cayeron en las garras de la voracidad parlamentaria como sucedió con el de la salud, la del congreso, la justicia, especialmente lo referente a lo paquidermo en las decisiones laborales, civiles, penales y administrativas, la corrupción en todos los escenarios, el nepotismo galopante y asfixiante, la evasión y otros más, que fueron a parar al pozo profundo de la ignominia Hitleraria y hoy les tocará doblar la cerviz y deponer los intereses personales a favor de los proyectos sociales en la búsqueda del bien común y la paz social.
En el 2018, 22 países de América Latina y del Caribe se reunieron en la ciudad costarricense de Escazú y firmaron “El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” y el pasado martes 26 de Julio, el Senado de la República con 73 votos favorables y 23 en contra aprobó dicho acuerdo, que pasará a la Cámara de Representantes y luego a sanción presidencial.
El acuerdo que en su principio fue firmado por 24 países tuvo en sus inicios el visto bueno del presidente Duque, pero no pudo consolidar su trámite por estar el parlamento en manos de senadores y representantes diferentes a los actuales, hoy, ya 12 países les dieron su visto bueno como son “Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay”
Ahora las liebres con sus principales detractores corren en función a la destrucción del acuerdo de Escazú, esos que ayudaron al desorden social imperante en la actualidad, que le aportan muy poco al desarrollo institucional con desacuerdos poco sustentables pero con mucha altanería y gritería, buscando más bien el despegue de una posible candidatura presidencial a costa de la posibilidad de vivir en un ambiente sano, donde la población inmersa en el maltrato al medio ambiente pueda tener acceso a la información de los proyectos que se piensan desarrollar y puedan controvertir las decisiones tomadas y así evitar las talas indiscriminadas, la contaminación y el mal uso y conservación de los recursos disponibles.
Parte importante del acuerdo se refiere a la protección por parte del Estado de los defensores del medio ambiente, algo que no debería tener la más mínima discusión, cuando se trata de preservar la vida al establecer que «Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad»,
Es grato observar como los jóvenes de Colombia y del mundo se han apoderado de muchas reivindicaciones que no solamente les atañe desde el punto de vista social, económico o educativo, por ello, el acuerdo de Escazú también es un logro juvenil, «una gran victoria de una nueva generación de jóvenes, de líderes, de organizaciones sociales y comunitarias que están definiendo un derrotero distinto de mantener la naturaleza que nos queda en las condiciones de amenaza climática y en general los fenómenos de transformación de los ecosistemas», explicó el profesor Manuel Pérez, director del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana.
Dentro de sus principales opositores al acuerdo se encuentra la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que expresó. “Es una farsa globalista para frenar el desarrollo…la soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona derechos humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”, otros se colocan en la incertidumbre jurídica y los altos riesgos al “ceder competencias soberanas a organizaciones en su mayoría internacionales”.
El Consejo Gremial Nacional le da otro carácter mucho más económico y asevera que “…el Acuerdo es innecesario y altamente riesgoso para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”.
La lucha parlamentaria inició con triunfo de la izquierda en alianza con sus nuevos mejores amigos…esperemos que nos depara el futuro…
