Los ex presidentes de Reficar Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, fueron condenados en las últimas horas a Cinco años y cuatro meses de prisión por el millonario desfalco en el contrato de modernización de la refinería de Cartagena de Indias.
Los condenados entregaron a dedo contratos a los consorcios Foster Wheeler y Process Consultant sin adelantar el concurso público. Fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas durante seis años y una multa de 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, están vetados de por vida para contratar con el Estado.
Además de evidenciar el impacto económico que significó el hecho de corrupción, se estima que el detrimento patrimonial superó en casi el 70% de lo pactado, que en cifras, son más de 820 mil millones de pesos, pero, que sumado a la totalidad del daño, asciende a los 3 billones de pesos, que para el 2016, año en que se destapó el escándalo, representó el 5% del presupuesto nacional de Colombia.
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“La investigación permitió conocer que Canales Castillo, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009; y Cabrales Martínez, quien estuvo a cargo de esta empresa entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, intervinieron en el direccionamiento del contrato de ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la refinería”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía.
La Fiscalía demostró en juicio que los dos expresidentes incurrieron en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “La investigación da cuenta que no existió un concurso público, una selección objetiva de proponentes ni un proceso de evaluación o selección que garantizaran la designación de una compañía que tuviera un alto perfil o experiencia para la construcción del proyecto que requería un fuerte musculo financiero y una gran capacidad técnica para desarrollar la obra durante los tiempos establecidos”. explicó la Fiscalía.
Hacia junio del 2018, la Contraloría General de la República señaló como responsables a 20 funcionarios, entre los que se cobijaron a los dos ex presidentes, hoy condenados, tres ex vicepresidentes, siete miembros de la junta directiva de la época y cuatro contratistas, que según la entidad, serían quienes orquestaron el desfalco.
A Orlando Cabrales Martínez, le fue concedido el beneficio de detención domiciliaria por enfermedad, junto con su avanzada edad, 80 años; mientras que Felipe Castilla Canales si deberá cumplir con la medida en centro penitenciario y carcelario. A este último, se le emitirá una orden de captura para adelantar la diligencia.
