Para la democracia, para el derecho y para una de las profesiones más nobles que pueda haber en una sociedad, el hecho de impartir justicia en nombre del Pueblo, de la República, del Estado, de forma imparcial, sometida al imperio de la ley y respetuosa de los derechos humanos, es tal vez el mayor logro de las sociedades modernas. Pero actualmente hay una peligrosa sensación de una incontrolable impunidad, que la justicia se ideologizó, y que victimarios seguirán riéndose en la cara de las víctimas.
De cada cien delitos que se cometen en Colombia, 94 quedan impunes. Y, todavía peor, de los seis que se sancionan hay que descontar a los que la semana entrante recibirán la detención domiciliaria o les dejarán vencer los términos para que el proceso caduque.
Esta crisis de credibilidad en la justicia afecta la esencia del Estado de derecho, pues los mecanismos legales de resolución de conflictos no ostentan el monopolio que se supone deberían tener. La justicia es el espacio de la estructura social y del Estado que más confianza debería generar en la ciudadanía. Su estructura está, en principio, diseñada para garantizar la primacía del derecho y de los individuos que la invocan, sobre cualquier manifestación de intereses económicos del poder particular o público y de la influencia corporativa, política o de grupos. La obligación de la justicia es con el derecho.
No es saludable para el sistema judicial tener la desconfianza de sus ciudadanos. Pero esta es una triste realidad. La impunidad, la corrupción del sector judicial, la falta de judicialización de crimines en materia penal y administrativos, el vencimiento de términos de crímenes que jamás deberían vencer, la politización de la justicia que le quita toda su independencia, la blandura con la cual se tratan los victimarios, lleva al aumento de la violencia y del crimen, que el ciudadano no confíe en el sistema judicial y a un sistema anárquico en lo cual se haga justicia por la propias manos.
El Papa San Juan Pablo II dijo en su mensaje por la Jornada de la paz en el 2001 “La verdadera paz, pues, es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas. Pero, puesto que la justicia humana es siempre frágil e imperfecta, expuesta a las limitaciones y a los egoísmos personales y de grupo, debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón, que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas”.
Cuando se inició el proceso de paz, siempre dije que iba ser muy difícil implementarlo en el corazón de los que sufrieron los horrores del conflicto y que aún sufren sus consecuencias. Y aún más cuando a los victimarios se les regala aranceles de impunidad sin cumplir con una justicia restaurativa y necesaria. Por ejemplo, hay la sensación que la Justicia Especial para la Paz es una lavadora de crímenes de lesa humanidad para unos, y de implacable sentencia para otros.
Todo un deseable proceso de paz debe ser enraizado en el perdón y reconciliación, y por lo que vemos en las páginas sociales, en los encuentros entre víctimas y victimarios, existe tanto odio, rencor y falta de perdón. La paz jamás es ausencia de justicia, y la justicia no puede estar exenta de perdón y reconciliación. Solo en este equilibrio de fuerzas podremos afirmar como dijo el Papa San Juan Pablo II en 2001: No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón.
