Por considerarlo de vital importancia para el futuro económico de Colombia y, por ende, para todos sus habitantes, a continuación haré un compendio de los argumentos por los cuales Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, en su columna del pasado 8 de octubre en el diario “El País” de Cali, alerta sobre la inminente destrucción de la industria petrolera colombiana.
Combustibles de Origen Fósil – COF (petróleo, gas y carbón):
- Es la principal fuente primaria de energía mundial.
- Actualmente, el 80% del consumo mundial es Energía de Origen Fósil (EOF).
- En el más ambicioso escenario, la contención del cambio climático se logrará a 2050.
- No obstante, en 2050 continuaremos con EOF en un 70% (reducción 10%).
- ¿Por qué a 2050 solo se reduce en 10% la demanda de EOF?
Porque la población mundial será de 9.800 millones de habitantes; el crecimiento mayor se dará en los países pobres; los pobres tendrán aspiración legítima a mejorar su calidad de vida; se incrementará la clase media y se tendrá mayor demanda de energía; además, el gran reto será sacar de la pobreza energética a 2.400 millones de habitantes, cuya fuente de energía es la quema de leña y desperdicios.
La crisis energética de Europa evidencia que:
- El petróleo y el gas, seguirán siendo claves en la matriz energética mundial.
- Reino Unido y Alemania están a punto de levantar la prohibición a la técnica del fracking, porque aprendieron y comprendieron que la transición energética hacia fuentes renovables no es incompatible con la autosuficiencia energética en hidrocarburos.
En Colombia:
- Para 2050, tendremos 56 millones de habitantes (5 millones más), según el DANE.
- Habrá 50 millones de vehículos (33 millones más), la mayoría motocicletas.
- El 74% de esos vehículos seguirán con COF.
- Un gran reto, sacar de la pobreza energética a 1,7 millones de hogares colombianos que usan leña.
- Colombia solo aporta el 0,4% de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mientras países de Asia, Europa y América del Norte aportan el 90% de GEI,
- Ninguno de esos países está considerando prohibir la exploración de hidrocarburos.
- Tampoco, asfixiar con impuestos a su industria petrolera.
- En Colombia sí, bajo un discurso forzado de la extinción de la especie y la vida en el planeta; que, de resultar cierto, no va a depender de nosotros.
- Los COF no están en sus estertores, es decir, agonizando. Salvo que por estertor se entienda 30, 50 o 100 años.
- Colombia podría ayudar a frenar el cambio climático y acelerar su transición, al tiempo de ser autosuficiente y proveer de petróleo y gas al mundo durante décadas.
- Otra cosa es que el gobierno en contra del mundo y la lógica, se empecine en darle sepultura a los COF sin necesidad.
- ¿Cómo lo hará el gobierno? Parando los nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.
Consecuencias para Colombia
- El impacto negativo de darle muerte a los COF, no se apreciará en el corto plazo.
- Colombia tiene reservas probadas que aguantan entre 6 y 8 años.
- Los proyectos de exploración contratados tomarán tiempo para desarrollarse.
- Los precios de los combustibles seguirán altos.
- Lo anterior, dificultará apreciar el debilitamiento estructural de la industria petrolera.
- Simultáneamente, se irá perdiendo la autosuficiencia en petróleo y gas.
- Se tendrán menores recursos de inversión nacional y regalías para los municipios.
- Los servicios públicos serán más costosos.
- Y se acabarán las empresas petroleras privadas en Colombia.
- Cuando lo subrayado suceda, va a ser muy tarde.
Por tanto, cobra vigencia lo expresado el miércoles pasado en Blu Radio por la exministra de minas y energía, María Fernanda Suárez, frente a los mensajes que el gobierno de Petro envía: “Es transición energética, no implosión; no podemos pegarnos un tiro en un pie”. De ser así, la decisión estaría tomada y el gobierno destruirá la industria petrolera.
De ahí que es posible concluir que se acabará con ese principal activo estratégico de la nación y patrimonio de los colombianos. Fuente incontrovertible de riqueza, que se enterrará por la miopía estratégica de unos tomadores de decisión que privilegian un pírrico aporte del 0,4% al calentamiento global, a expensas del daño irreparable que se causa a la economía y a la población colombiana. Sobre todo, justificado en ser los salvadores de la especie humana y el planeta, a sabiendas que con la insignificancia que se aporta, el propósito que se persigue no solo es utópico e inverosímil, sino alucinante.
Ante este panorama desolador, agravado por el alza del dólar que probablemente superará los 5 mil pesos durante esta semana y seguirá aumentando la devaluación histórica de la moneda colombiana, en poco más de dos meses, cabe destacar el proyecto de Ley 219 de 2022 por el cual se dictan disposiciones en materia de Hidrocarburos. Este proyecto fue radicado el 12 de octubre, en la secretaría general del Senado por el partido de gobierno Alianza Verde y la coalición Pacto Histórico, y está publicado oficialmente en la Gaceta del Congreso desde el 18 de octubre.
Dicho proyecto de Ley ratifica, en su justificación, lo aquí alertado sobre la destrucción de la industria petrolera colombiana, al unísono con las reiteradas voces de expertos y líderes de diferentes sectores de la economía nacional. No obstante, resulta contradictorio con la persistente manifestación del gobierno en el sentido de suspender los contratos de exploración y explotación durante su cuatrienio, toda vez que el proyecto declara la utilidad pública y de interés social de la industria hidrocarburífera, según mandato constitucional y dada su naturaleza estatal e inalienable, a partir de los recursos naturales no renovables que se constituyen en patrimonio perpetuo de los colombianos.
Al mismo tiempo, asigna funciones y confirma que la administración, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos estarán a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como única entidad pública, directamente o por medio de contratos de producción compartida u otras formas contractuales. Eso sí, distintos a cualquier modalidad de contrato de concesión donde el contratista sea el dueño de todos los derechos de producción y el Estado solo reciba regalías, impuestos y una mínima participación de su producción.
Igualmente, deja claro que al Congreso de la República le corresponde fijar las estipulaciones fundamentales mediante una Ley especial, conforme al inciso primero del artículo 360 de la Constitución, en lo atinente a contratos de explotación de hidrocarburos estatal, es decir, una facultad que no ha ejercido como legislativo. Además, prohíbe las prórrogas de los contratos de exploración y explotación E&P con la ANH que no se ajusten a la Ley en trámite y los que estén incursos en nulidad absoluta, incluyendo los contratos TEA celebrados con anterioridad a esta Ley, así como la prohibición de utilizar la técnica de fracking en todo el territorio colombiano.
De lo anterior se desprende que hay un condicionamiento a los nuevos contratos, que excluye las concesiones en los términos referidos, afectando los contratos preexistentes que vayan en contravía de la nueva Ley, a la vez que cabe preguntarse sobre los estudios científicos que avanzan para determinar la viabilidad de la técnica de fracking. También, saber qué pasará con la riqueza minera tan útil para el reordenamiento de la tecnología y la energía, con materias primas esenciales para su desarrollo y lograr la competitividad.
Sumado a todo esto, se demuestra que la administración Petro está gobernando a través del método de ensayo y error, con mensajes o acciones que solo favorecen la confusión, zozobra e incertidumbre en general. Lo peor es que en tan poco tiempo, el impacto negativo ya está alejando la inversión y afectando el bolsillo de los colombianos, especialmente a los más pobres. Por consiguiente, si no se corrige el rumbo con acertadas y sensatas decisiones, hará presagiar un inexorable deterioro político, económico y social, con impredecibles consecuencias para el país.
