La alcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó que “Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra Policía de Bogotá hagan”, siguió diciendo: “¿En qué no vamos bien? En hurto de celulares. ¿Por qué?, porque los jueces dejan sistemáticamente libre a los ladrones, ocho de cada diez quedan libres.
Entonces esa rueda suelta y ese eslabón perdido que es la injusticia y la impunidad tienen que corregirlo los que tienen la oportunidad de hacerlo”. La respuesta de la rama judicial no se hizo esperar: “Los servidores judiciales tienen, en su funcionalidad, el propósito de fortalecer el Estado Social de Derecho, bajo los principios democráticos”.
Este pronunciamiento se suma al hecho el pasado jueves por la Federación Nacional de Jueces y Fiscales que calificó como una intromisión “ligera e irrespetuosa”, puesto que se desconoce la independencia de poderes.
“Precisamos que los jueces no somos quienes construimos la Ley y, por tanto, no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena. Colombia, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se integran a la Constitución Colombiana, a la cual todos estamos sometidos, incluyendo los alcaldes”.
De todos modos no deja de ser verdad que en Colombia hay una peligrosa sensación de impunidad, de falta de confianza en la justicia y autoridades. Si a eso agregamos que más del 80% de los delincuentes cogidos en flagrante delito fueron dejados sueltos, más razón tenemos para preocuparnos. La autoridad debe actuar dentro de la legalidad y de las normas constitucionales.
Dejar de actuar o impedirle que actúe, lleva la sociedad al caos. El episodio del viceministro del interior Gustavo García Figueroa obstruyendo un procedimiento policial y la apología del Senador Gustavo Bolívar a los violentos de la primera línea es un pésimo mensaje a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, y sin dudas un incentivo para que los delincuentes sigan delinquiendo. No está en causa la legítima y el constitucional derecho a la protesta. Lo que nadie puede patrocinar es la violencia ni permitir la impunidad de los que cometen crímenes.
La impunidad es un cáncer metastesiado en la sociedad colombiana igual que la corrupción que si no se hace nada para cambiar el sistema acabará por destruir todo lo que conocemos como el Estado de Derecho. Mientras se mantienen hermosos y convincentes discurso contra la corrupción y la impunidad, en la práctica impiden combatirlas. Reservan toda la información; no dan participación a la ciudadanía; cuando se destapan casos de corrupción, levantan cortinas de humo y protegen y defienden a los señalados. No hay comisión internacional contra la impunidad porque precisamente lo que se quiere es afianzar la impunidad.
Los gobiernos, ciudadanos y sociedad estamos llamados a abatir la impunidad, que junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social se han convertido en problemas que amenazan poderosamente el desarrollo de la democracia, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la ciudadanía, así como generando desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia. Pero los políticos, instituciones, y ciudadanos debemos dejar de enviar mensajes o asumir posiciones ideológicas que favorecen la delincuencia en un mensaje equivocado a la sociedad en general.
