“…Un gobernante, no puede imponer reformas por su concepción política, llámese de izquierda de centro o de derecha…”
Cuando en un país de reforma tributaria se trata, el mundo económico, político y personal se convulsiona a su alrededor, expectante por lo que pueda suceder por los intereses de quien espera los resultados. Todos piensan que les pueden mejorar o desmejorar sus ingresos, pero existe algo importante donde el que presenta la reforma no puede abstraerse de la injerencia de entidades como son la banca mundial y las organizaciones económicos-sociales, que hacen parte de lo que se denomina la globalización.
Un gobernante, no puede imponer reformas por su concepción política, llámese de izquierda de centro o de derecha, es posible que logre sus objetivos si tiene mayorías parlamentarias, que conllevan a su aprobación unilateral, sometiéndose al escarnio local y mundial y por ende a una debacle económico-político-social como ha sucedido en algunos países vecinos.
Recordemos que al inicio del gobierno del presidente Petro, se habló que el país requería recaudar $50 billones anuales para poder cumplir con unos objetivos de Gobierno, poder ser consecuente con la sostenibilidad fiscal para que los ingresos sirvan para el cierre de las brechas sociales que traemos por lastre de muchos años atrás.
Con las reuniones de Gustavo Petro para lograr “un acuerdo nacional”, se fue desmenuzando, poco a poco la reforma inicial, por los intereses personales, colectivos de sectores internos y externos, y es así como ya no se planteaban ítems comprometedores con el crecimiento económico, como tampoco de las cifras requeridos en un recaudo anual, sino por un periodo de cuatro o más años. Ese valor a recaudar, bajó a 25 billones, que también se daría por etapas o inclusive con ingresos mucho menores.
Las razones son concordantes con la realidad del país y del mundo, muy a pesar de que en su presentación inicial la OCDE le dio su visto bueno cuando expresó: “…estamos de acuerdo con el objetivo de la reforma tributaria de Petro encaminada a reducir la desigualdad y la pobreza”. Lo que no había entendido en su plenitud la OCDE, era que en Colombia venimos pagando impuestos desde el año 1821 con la ley 30 impuesta por el Congreso Constituyente de Cúcuta, donde se impuso un impuesto de renta del 10% anual sobre el ingreso que producía la tierra y el capital y en un 2 o 3% sobre los ingresos personales.
Lo sorprendente de las cargas impositivas, es que casi un 50% de los 365 días del año los colombianos trabajamos para pagar impuestos contribuyendo a que funcione la maquinaria del Estado, pero normalmente no se cumple con la filosofía de las cargas impositivas, como es la de contribuir a la reinversión de dichos dineros en de obras de desarrollo y en las necesarias básicas del país como la educación, la salud, el medio ambiente entre otras ya que se diluye en la corrupción, obras inconclusas o innecesarias como lo vemos permanentemente con la absoluta impunidad y complacencia del Estado y la justicia.
Por tener posibles efectos negativos que pudiesen desestabilizar la inversión interna y extranjera, el ministro Ocampo, con el visto bueno del Presidente, han tenido que dar reversa en diferentes oportunidades ya que existen contradicciones en cuanto el recaudo, alegando que es bajo cuando las cifras demuestran que dicho aumento es positivo año tras año, pero el gasto es mayor y la prueba viene desde una década atrás cuando estábamos en el orden de los 100 billones de recaudo, pero gastábamos 150 billones y al 2021 por encima de los $180 billones de recaudo, con un gasto que superaba los 314 billones, es decir, vamos siempre en contravía de los recaudos con el gasto público.
El país se debatirá permanentemente en la búsqueda de una reforma tributaria eficiente, para ello es necesario no más tributación, sino contrarrestar y combatir la corrupción, la evasión, la elusión y los paraísos fiscales y no insistir en aumentarle a los que siempre pagan impuestos, los del común, los combustibles, alimentos ultraprocesados, al patrimonio y los dividendos donde el pequeño accionistas no debe pagar impuestos adicionales, así como en las ganancias ocasionales, las pensiones, los impuestos al carbono y regresar a los días sin IVA.
No era fácil asimilar el posible impuesto a la venta de viviendas y las tiendas hicieron su agosto cuando escucharon el tributo a los Alimentos ultraprocesados e iniciaron un alza descontrolada, cuando ello no era real, siendo que los pequeños productores como las panaderías o las tiendas estarán exentos de pagar el gravamen.
Como muestra de respeto al empresarismo, se dice que se les dará beneficios importantes a aquellas empresas que se acojan al Régimen simple.
Esperemos que las palabras del presidente Petro se cumplan. “Por eso los impuestos que aquí se han modificado tienen que ver con las capas de mayores ingresos de la sociedad colombiana y no afecta a la mayoría de los colombianos”, exclamó Petro.
