En el marco de la ceremonia de ascensos de oficiales del Ejército Nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, confirmó que la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, salen del Gobierno mientras la investigación del polígrafo y las interceptaciones ilegales son esclarecen el caso.
“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza que se van a alterar los procesos de investigación”, dijo el jefe de Estado.
El procedimiento de las chuzadas según la Fiscalía habría sido realizado por integrantes de la Policía Nacional para establecer la posible responsabilidad de las mujeres en la pérdida de un dinero en la vivienda de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.
Se estableció que las líneas telefónicas de dos extrabajadoras de la funcionaria fueron interceptadas de manera ilegal para establecer si tenían conocimiento sobre el paradero de la suma extraviada.
“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, aseguró el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
En ese sentido, señaló que el 30 de enero del año en curso, un día después de que la señora Sarabia Torres y su esposo pusieron en conocimiento la pérdida de 4.000 dólares, integrantes de la DIJIN de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la ex niñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias “Siopas”, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias “Omar”, segundo cabecilla de la citado grupo armado.
Con este documento, los uniformados indujeron en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para interceptar las comunicaciones de las dos mujeres que no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de policía judicial.
“Esto es una burla a nuestra Judicatura porque utilizan un informe de policía judicial falso para meterlo en Quibdó, en un despacho de crimen organizado, porque posteriormente se tiene que llevar este documento ante un juez diciéndole que hay un informe de Policía Judicial que dice que se tiene certeza de información de una fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal”, manifestó el Fiscal General de la Nación.
De momento, avanzan tres líneas investigativas distintas. Una, por la afectación al patrimonio económico de Laura Camila Sarabia Torres, relacionada con la pérdida de un dinero en su vivienda. Otra, por la práctica del polígrafo a la ex niñera del hijo de la funcionaria para establecer su posible responsabilidad en la desaparición de la suma denunciada. Y la tercera, por la interceptación ilegal a las líneas de las dos ex trabajadoras de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y demás actuaciones asociadas con esta irregularidad.
“En los próximos días se llamarán a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos. No solamente en este caso, sino en los hechos que están en investigación relativos a este caso, que involucra un hurto que hubo y que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana, y que se añaden a algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia”, puntualizó el Fiscal Barbosa Delgado.
