Después de estar 22 meses tras las rejas, la Corte Suprema de Justicia la declaró inocente en un proceso por la venta de un lote baldío en el barrio El Laguito de Cartagena de Indias.
Libre y ya sin ninguna inhabilidad, la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez, abrió cuentas en las redes sociales y anunció que se inscribirá como candidata a la Alcaldía Distrital levantando la voz en señal de valentía.
Como se recordará a su salida del sitio de reclusión, fue el mismo alcalde de Cartagena de Indias, William Dau Chamat, quien le dio la bienvenida a la libertad con un fuerte abrazo y la proclamó como su sucesora.
La “Mariamulata” como se le conoce en la ciudad, decide, de nuevo, no llevar la bandera de ningún partido político, sino volver a presentarse por voluntad ciudadana, “para tener un gobierno de cartageneros y cartageneras independientes, sin ataduras. Solo con la atadura de servirle a la ciudad, de amar la ciudad, de ser valientes por la ciudad”, dice en un video que ha difundido en sus redes.
Pinedo Flórez, se convirtió en la primera mujer en ser elegida popularmente en su ciudad como alcaldesa, en donde, además, nunca antes un político independiente había podido ganar el primer cargo, ahora busca repetir la victoria que tuvo en 2008, cuando llegó al Palacio de la Aduana respaldada por firmas. La solicitud para este nuevo proceso de inscripción de un movimiento significativo de ciudadanos que llevará por nombre “Valientes por Cartagena”, ya se hizo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Pinedo fue absuelta en 2020 en primera instancia pero tras una apelación, en abril de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena la encontró culpable y la condenó a pagar 12 años de prisión.
Ingresó en abril de 2021 a la cárcel distrital de mujeres por una decisión del Tribunal Superior de Cartagena que la había condenado a 12 años y cinco meses de prisión señalada de vender a una cadena hotelera parte de una playa que era considerada un bien público. Se trataba de un lote de 243.75 metros cuadrados.
La entonces alcaldesa indicaba en su momento que había vendido dicho terreno porque el Concejo había establecido que la única fuente para financiar viviendas de interés social era la venta de baldíos. Ese era uno de sus objetivos, construir viviendas en una de las ciudades con mayores índices de desigualdad y pobreza en el país. El Concejo Distrital, además, le había otorgado previamente facultades a la Alcaldía para enajenar dichas propiedades.
El 15 de marzo de este año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció a su favor, desvirtuando que el lote vendido fuera una playa de uso público e indica que ya venía siendo ocupado por la cadena de hoteles. En el falló también se descarta que la venta hubiera sido por un valor artificialmente bajo.
