Que interesante es la retroalimentación de nuestra historia de manera especial en estas épocas electorales donde la tragicomedia de la política colombiana con algunos de sus participantes, se lanza vorazmente contra los procesos de paz que intenta llevar a cabo el presidente Petro, a sabiendas que su búsqueda en la historia data de más de 200 años, cuando las fuerzas realistas de Simón Bolívar se ideó la forma de acabar, en esa entonces, con la violencia y reunió todas las fuerzas tanto gubernamentales como independistas, bajo una sola bandera para la formación de una patria unificada, en lo que se denominó el Congreso de Angostura.
Desde ese entonces hasta nuestros días, todos los gobernantes, entiendan bien los ilusos oportunistas de la guerra, han buscado la paz total con grupos armados y al margen de la ley, con agendas de negociación buscando un acuerdo bilateral que permitan el cese al fuego definitivo, que conllevaría a un beneficio total, principalmente a la población civil y a las empresas para el desarrollo integral del Estado
No cabe en la mente de un mortal que la guerra se combate con guerra, eso de que “el conflicto y la guerra son cualidades inherentes al ser humano”, está mandado a recoger y las Naciones Unidas, así lo ha manifestado con “El Día Internacional de la Paz” que se celebrará en todo el mundo el próximo 21 de septiembre con el lema “no a la violencia y sí al alto el fuego”.
Es de suma urgencia para el bienestar del país que cese la guerra, que se acabe la violencia, sabemos que existen muchos intereses económicos, sociales y políticos en cada uno de los sectores al margen de la ley, pero la “Paz Total” debe darse y su búsqueda no es fácil, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
Como podemos observar en el segundo ciclo de negociaciones, la nueva agenda trae los siguientes puntos: 1. La participación de la sociedad en la construcción de la paz, 2. Democracia para la paz, 3. Transformaciones para la paz, 4. Víctimas, 5. Fin del conflicto armado y Plan general de ejecución de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los grupos guerrilleros o en conflicto actual, pero no hemos observado la inclusión de una buena parte de la sociedad como son las Universidades Públicas, ejes importantes en el desarrollo social del país.
Las cifras que nos entregan la Fundación Paz y Reconciliación, no son agradables, “entre el ELN, los grupos exFARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, bandas criminales y grupos narcotraficantes, unas 17.600 personas integran los grupos armados ilegales en Colombia”.
Por todo lo anterior, es necesario que el gobierno asuma con responsabilidad la obligación que tiene con el pueblo colombiano de brindarle educación-social en sus distintos niveles y especialmente en las universidades públicas, para que una vez profesionalizados o tecnificados, se puedan integrar con políticas de empleo o de micro empresas al sector productivo y así estar decididamente inmersos en el proceso de Paz Total, pero para ello, se requiere de parte del gobierno nacional, un presupuesto acorde con las necesidades especialmente en sus infraestructuras físicas y tecnológicas, recursos financieros y humanos, que garanticen el acceso y permanencia en condiciones de calidad y eficiencia.
La Ley 30, se direccionó más hacia el aumento del número de estudiantes, pero no así de aumentar el presupuesto a las universidades para legalizar y resolver el problema de los más de 500 mil profesores de contrato o cátedra que trabajan casi desprotegidos por el Estado, con condiciones laborales miserables cuando son contratados por cuatro meses u horas cátedra, no devengando los doce meses del año, afectando su diario vivir con la reducción en sus aportes a salud y pensión, cuando la Ley 30, en primera instancia, estableció que la docencia se pagaría por honorarios (prestación de servicios), pero ello fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-517-99 del 22 de julio de 1999, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo.
Afectaciones como la anterior, cuando estos profesores tienen las mismas responsabilidades de los de planta, afectan el descontento social y no ayudan a una verdadera «Paz Total», cuando de su propio pecunio les toca pagar sus capacitaciones en especializaciones, maestrías, doctorados, dejando un lastre a una de las principales misiones de las Universidades, como es la investigación-social y ese inmenso número de catedráticos muy poco pueden aportar, sencillamente porque el Estado no les proporciona las calidades salariales y de capacitación que se merecen. «La Paz Total», también está en la educación superior.
