La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó de manera contundente el asesinato de la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal, quien falleció como consecuencia de la quema total de la sede de la registraduría municipal de Gamarra, Cesar y que deja graves lesiones en los demás funcionarios, víctimas de hechos atroces de delincuentes sin consideración, ni respeto por la vida.
La víctima trabajó en la Registraduría desde 2018 en diferentes procesos electorales y se encontraba vinculada como auxiliar administrativa desde julio de este año, para la jornada electoral de este domingo. Era madre soltera de 2 hijos de 13 y 7 años.
La información preliminar también indica que la registradora municipal y su auxiliar sufrieron graves quemaduras en varias partes del cuerpo. La Policía informó que dos de sus uniformados también resultaron lesionados.
El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional que, en el marco de sus competencias, judicialicen de manera inmediata a los autores materiales de este asesinato y demás conductas delictivas, que se encuentran plenamente identificados en los videos y material publicado en diferentes redes sociales.
Por otra parte, se solicita que se investigue, identifique y judicialice, también, a los autores intelectuales de estas conductas. Estas vías de hecho y acciones generan zozobra y amenazan la seguridad de las elecciones.
Desde la Registraduría se hace un llamado a todas las autoridades para que garanticen la vida e integridad de los funcionarios en todo el país que, con esfuerzo y dedicación, han trabajado incansablemente por un proceso electoral transparente y rodeado de garantías.
La motivación de esta acción, al parecer, tiene que ver con la inconformidad de algunos ciudadanos porque el CNE le revocó la candidatura al aspirante a la alcaldía municipal, Fernando Márquez.
“Un grupo de ciudadanos protestaba porque su candidato, el 16 de octubre, perdió el aval por parte del Consejo Nacional Electoral. Algunos de ellos, en una actitud delincuencial y demencial, arrojaron gasolina. Los tenemos identificados”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
“Se ofrece una recompensa de hasta $50 millones para dar con el paradero de los responsables de este atentado criminal, y he dispuesto el traslado de un equipo especial de policía judicial para liderar la correspondiente investigación”, dijo, por su parte, el director de la Policía, el general William René Salamanca.
