En un giro inesperado y polémico, el Alcalde de Cartagena de Indias, William Dau Chamat tomó la decisión de suspender el proceso de empalme con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), dejando a la ciudad sumida en un limbo jurídico catastral que amenaza con paralizar diversas actividades cruciales.
“Este inusual movimiento se refiere a la gestión catastral del Distrito, la cual fue arrebatada al IGAC de manera caprichosa y entregada a la empresa Go Catastral, con la que se firmó un convenio plagado de irregularidades que ya están bajo investigación de los entes de control”, denunció el líder político, William García Tirado.
La empresa Go Catastral, encargada de la gestión catastral del Distrito, debería entregar nuevamente la responsabilidad al IGAC el 31 de diciembre de 2023, para que este último continuara como Gestor Catastral Distrital a partir del 1 de enero de 2024.
Sin embargo, según el dirigente político William García Tirado, mediante el Oficio AMC OFI 0193174 2023, el Alcalde Dau suspendió este proceso de empalme, dejando a la ciudad en una situación de incertidumbre jurídica catastral.
Este acto podría tener consecuencias graves, ya que al no haber operador catastral y sin haber recibido el IGAC la Gestión Catastral del Distrito, los trámites de contratación de un nuevo operador podrían extenderse por meses. Desde el 1 de enero de 2024, Cartagena de Indias podría quedar en un limbo jurídico catastral, afectando servicios cruciales como certificaciones, planos, licencias de construcción, subdivisiones y correcciones de linderos de predios.
García Tirado, destaca que esta situación también impactará en la liquidación del impuesto predial unificado (IPU), ya que los avalúos catastrales, base para la liquidación, deberían realizarse con la información proporcionada por el gestor catastral oficial, que en este caso estaría ausente.
Ante este escenario, el dirigente político hace un llamado a las autoridades y organismos de control, como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro, para que tomen medidas y eviten una crisis catastral en la ciudad.
La posibilidad de declarar una emergencia económica y social se plantea como una medida inmediata para garantizar la continuidad del servicio público de Gestión Catastral.
