El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una bomba informativa que ha sacudido los cimientos políticos y empresariales de la ciudad. Denunció públicamente que la gerencia de Afinia, una filial de EPM encargada de proveer servicios de energía en la región Caribe colombiana, fue vendida de manera ilegal por la administración de Daniel Quintero a un excongresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares en 2021.
Según reveló el mandatario local, un testigo clave ha entregado detalles sobre este entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios y empresarios venezolanos.
Las negociaciones se habrían realizado en exclusivos restaurantes de Medellín y Barranquilla, donde se fraguaron acuerdos que comprometerían gravemente la estabilidad financiera de Afinia y la prestación del servicio de energía en cinco departamentos de la costa Caribe.
El testigo, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría presenciado personalmente la distribución de los porcentajes del negocio entre un secretario de despacho de la alcaldía de Quintero y otros personajes vinculados al caso. Además, se han encontrado pruebas adicionales en forma de conversaciones de WhatsApp, tiquetes de viajes y mensajes que confirmarían el nombramiento del gerente, todo basado en un presunto pacto ilegal en agosto de 2021.
Las consecuencias de esta presunta venta ilegal no han tardado en manifestarse. La gestión de la gerencia asignada a dedo habría causado estragos en Afinia, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía en la región y generando pérdidas millonarias que no concuerdan con las inversiones realizadas durante ese período. Ante esta situación, Gutiérrez ha convocado al Gobierno nacional en busca de soluciones urgentes para evitar una crisis inminente en la filial.
Por su parte, la administración de Daniel Quintero ha sido fuertemente cuestionada, con acusaciones de negligencia y posible ocultamiento de información durante el empalme en la filial. Este escándalo de corrupción ha dejado al descubierto una red de intereses turbios que, según el alcalde Gutiérrez, han priorizado el enriquecimiento personal sobre el bienestar común de la ciudadanía.
La Fiscalía ha sido alertada sobre estos hechos y se espera una pronta acción judicial para esclarecer la verdad detrás de este oscuro negocio que ha puesto en entredicho la integridad de sus líderes políticos y empresariales.
