La Contraloría General de la República ha detectado preocupantes irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con un impacto financiero de $5 billones en los últimos cuatro años, abarcando los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. El anuncio, realizado este martes 4 de junio de 2024, detalla las irregularidades encontradas en diversos contratos de la entidad.
Uno de los hallazgos más significativos es el aumento del 700% en la contratación de suministros de carrotanques, alcanzando un costo de $37.5 mil millones en lo que va del año. Este aumento se ha concentrado principalmente en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá, beneficiando únicamente a tres empresas, lo que sugiere un posible favorecimiento indebido y un manejo cuestionable de los fondos públicos.
El informe también incluye irregularidades en el programa “Hambre Cero”, destinado a proveer alimentos a damnificados por el Fenómeno de La Niña. La Contraloría encontró que 31 contratos relacionados con este programa fueron adjudicados a empresas sin personería jurídica adecuada o sin experiencia en el sector, con un monto de $131.812 millones. Además, se identificó un presunto interés indebido en la contratación.
Las obras públicas en Santander y los suministros de maquinaria amarilla también fueron señalados como áreas problemáticas. En 2023, la contratación de maquinaria amarilla aumentó un 160%, alcanzando $227 mil millones en comparación con los $88 mil millones del 2022, concentrándose en una sola empresa que acumuló contratos por más de $21 mil millones. Estos hallazgos incluyen dobles pagos y maquinaria no utilizada, lo que podría haber generado un detrimento patrimonial significativo.
Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría ha remitido copias del informe a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para iniciar las respectivas investigaciones. Además, se subraya la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, valorados en $317.325 millones, para asegurar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos.
Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, se pronunció sobre el informe indicando su disposición para colaborar con las investigaciones. «Es una cifra que preocupa mucho, especialmente en el contexto del manejo de la pandemia de COVID-19, donde se invirtieron recursos gigantescos en esta entidad para afrontar la emergencia», afirmó Carrillo. También enfatizó que no todos los recursos de la entidad se han desviado hacia la corrupción, destacando que $1 billón de los fondos fueron frenados bajo su gestión.
El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, declaró que estos hechos tienen un impacto nacional y que las entidades seguirán actuando contra esta red de corrupción que involucra a congresistas y miembros del Gobierno nacional. La Contraloría reafirma su compromiso de investigar y actuar contra cualquier forma de corrupción, asegurando que los fondos destinados a programas de ayuda y mitigación de riesgos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
El informe de la Contraloría pone de manifiesto las deficiencias en la gestión y uso de recursos públicos por parte de la UNGRD, resaltando la necesidad de mayor transparencia y control sobre las contrataciones estatales.
