La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la posible responsabilidad de seis integrantes de la Policía Nacional, en la simulación de diligencias de allanamiento para apoderarse de los estupefacientes que almacenaban redes narcotraficantes en inmuebles del Caribe colombiano, especialmente en el departamento de Magdalena.
Los uniformados, al parecer, aprovechaban las funciones que desempeñaban para utilizar los vehículos oficiales que les eran asignados, alterar los sistemas de identificación y trasladarse a los puntos de acopio de los alijos.
Haciendo uso de armas de fuego ingresaban e intimidaban a los ocupantes haciéndoles creer que cumplían con una orden judicial, y se llevaban las sustancias ilícitas para venderlas a una estructura delincuencial.
Por estos hechos, los funcionarios fueron capturados en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia) y Santa Marta (Magdalena). Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, peculado por uso, violación en habitación ajena por servidor público, abuso de autoridad por omisión de denuncia, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, receptación; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Los cargos no fueron aceptados. Los investigados son los intendentes Gabriel Ochoa Arias y Arlinzon Córdoba; y los patrulleros Eduardo Ochoa Arias, Larry William Berg González, Víctor Alfonso Acevedo Rodríguez y Sammy Joel Palacio Mendoza.
Por disposición del juez de control de garantías, los seis uniformados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
