El reciente asesinato de Emperatriz Alquerque Suárez, una trabajadora de 41 años con más de 14 años de servicio para la multinacional Bimbo, ha vuelto a poner en tela de juicio la efectividad del “Plan Titán”, una estrategia de seguridad impulsada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Emperatriz quien además ostentaba el titulo de comunicadora social y periodista de la Universidad de Cartagena, fue asesinada de dos impactos de bala en el barrio El Socorro mientras tomaba un pedido en la terraza de un negocio en lo que se presume podría haber sido un error de identidad o un atraco.
Este trágico evento se suma a una serie de feminicidios que han sacudido la ciudad en este mes de julio, elevando la cifra a cuatro casos. Familiares de las víctimas han sido testigos del fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.
El “Plan Titán”, anunciado con bombos y platillos por el alcalde Turbay, se supone que es un enfoque integral para combatir la delincuencia y los actos de sicariato en la ciudad. Sin embargo, los recientes acontecimientos han puesto de nuevo en duda su efectividad pues la violencia sigue siendo una constante en la vida cotidiana de los cartageneros.
El asesinato de Emperatriz Alquerque y otras tres mujeres en tan solo 11 días del mes de julio es una clara señal de que las estrategias no están funcionando. Los detalles del crimen aún no están claros. Las autoridades no han podido determinar si fue un error de identidad, un objetivo deliberado o un atraco fallido. Esta falta de claridad refleja una deficiencia en la capacidad investigativa de la Policía Judicial.
No obstante los discursos y las reuniones de seguridad, parece que no hay un plan preventivo sólido que pueda adelantarse a los crímenes. Las medidas de control y prevención parecen ser reactivas en lugar de preventivas.
Aunque el alcalde Turbay ha ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a los responsables del asesinato de Emperatriz, estas medidas no atacan el problema de raíz. La violencia y el sicariato son problemas estructurales que requieren soluciones más profundas que sólo incentivos económicos para la denuncia.
