La Fiscalía General de la Nación ha intensificado su investigación sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abriendo tres nuevas líneas de indagación. Estas se suman a la ya conocida sobre la compra irregular de 40 carrotanques por un valor de 46.800 millones de pesos.
El pasado jueves, la Fiscalía presentó la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector, y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Además, se compulsaron copias para que la Corte Suprema investigue la posible participación de nueve congresistas en este entramado. Entre ellos se encuentran Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur y Julio Elías Chagüi, así como nuevos implicados: Juan Diego Muñoz, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Karen Astrith Manrique.
- Vínculos Políticos y Contratos Regionales: Una de las nuevas líneas se centra en los congresistas que, presuntamente, habrían negociado su apoyo a iniciativas legislativas a cambio de contratos para sus regiones. La mayoría de estos congresistas pertenece a las comisiones terceras, que tienen un rol clave en la aprobación del Presupuesto General de la Nación.
- Mafia y Lavado de Activos: La segunda línea de investigación explora posibles conexiones con actividades de lavado de activos en el caso de los carrotanques, sugiriendo la infiltración de la mafia en estos contratos.
- Entramado Político y Contratos Millonarios: La tercera línea se enfoca en Luis Eduardo López Rosero, representante legal de Impoamerica Roger SAS, una empresa central en el escándalo. Informantes han señalado que existe un complejo entramado político detrás de López Rosero, vinculado a contratos millonarios. En un intento por obtener beneficios judiciales, López Rosero se ha comprometido a devolver 4.232 millones de pesos y a pedir disculpas públicas.
Durante los interrogatorios se mencionaron a dos asesoras de ministros como coordinadoras de pagos ilegales para asegurar el apoyo a determinadas iniciativas. Una de estas asesoras estaría vinculada al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y se está evaluando si Bonilla será llamado a declarar.
El avance de estas investigaciones promete desenmascarar un amplio entramado de corrupción que podría involucrar a figuras políticas y empresariales de alto perfil, redefiniendo el panorama de la lucha contra la corrupción en Colombia.
