En una acción coordinada, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar emitieron una fuerte crítica contra las recientes resoluciones emitidas por INVÍAS, que buscan imponer una contribución de valorización nacional en la zona de influencia del corredor costero Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad.
Los gremios solicitan al Ministerio de Transporte la derogación inmediata de las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024, argumentando que estas violan principios constitucionales y legales.
En un comunicado conjunto, enfatizan que estas normativas contravienen directamente el artículo 363 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad en las leyes tributarias, y señalan que la falta de estudios técnicos y socioeconómicos compromete la validez del cobro propuesto.
Según los gremios, las resoluciones presentan múltiples vicios que justifican su nulidad. Entre ellos, destacan la retroactividad del cobro, la inadecuada determinación del beneficio económico para los inmuebles afectados, y deficiencias en la delimitación de la zona de influencia.
Los gremios sostienen que estos aspectos violan la Ley 1819 de 2016, que exige una demostración concreta del beneficio para los inmuebles que serían sujetos de la contribución.
Adicionalmente, critican la falta de estudios técnicos adecuados para evaluar la capacidad de pago de los contribuyentes, especialmente en zonas vulnerables. También denuncian errores en la determinación de la base gravable, que no ha descontado ingresos ya generados por peajes, y cuestionan el método de distribución propuesto, al considerar que carece de criterios objetivos y adecuados al contexto local.
En respuesta a la propuesta de la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, de aceptar el cobro de valorización en la Vía al Mar a cambio de destinar un porcentaje del recaudo a obras en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar, los gremios manifestaron su rechazo tajante. Argumentan que «no se puede negociar sobre la base de decisiones que carecen de fundamento legal» y enfatizan que el Gobierno no debe condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para la región al pago de una contribución que consideran injustificada. En su opinión, estas obras debieron ser incluidas en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025.
Finalmente, destacaron la inequidad de imponer una contribución nacional en una vía de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60% está en calzada sencilla, y señalaron que incluir dentro del cobro a hogares de Sisbén C, que son familias vulnerables, es una medida que podría agravar la pobreza en la región.
Esta postura firme de los gremios refleja una preocupación creciente entre los sectores económicos y sociales de la región Caribe, quienes ven en estas resoluciones una amenaza a la equidad y a la estabilidad económica de sus comunidades. La controversia está lejos de resolverse, y se espera que el debate continúe en los próximos meses, tanto en los tribunales como en la arena pública.
