En una intervención que ha generado una profunda preocupación en los asistentes a la Trigésima Segunda Jornada de Actualización Jurídica y VIII Caravana Internacional de Juristas, celebrada en la Universidad del Sinú de Cartagena de Indias, el abogado y defensor de los nativos despojados de la Hacienda Santana en Barú, Héctor Pérez Fernández, lanzó serias acusaciones contra destacados empresarios y sus abogados, quienes, según sus palabras, están implicados en el despojo sistemático de tierras nativas.
Pérez Fernández, señaló específicamente al Grupo Valoren de Santo Domingo y a Gabriel Echeverría Obregón, entre otros, como responsables de múltiples despojos de tierras, y denunció que los abogados de estos grupos tienen roles clave en la Oficina Jurídica y la Secretaría del Interior de Cartagena, dependencias donde se dirimen estos litigios.
«No hay garantías en Colombia en ninguna institución, ni siquiera las del Gobierno Nacional. Y si hablamos de Cartagena, es peor. No existen garantías en las inspecciones de policía, ni en la Secretaría del Interior. Aquí todos los alcaldes se han arrodillado ante estos empresarios porque tienen mucho poder», manifestó.
El abogado también recordó que uno de los inspectores de policía de Arroyo de Piedra fue asesinado recientemente en medio de estos conflictos de tierras, y sugirió que la situación está cuidadosamente orquestada para proteger a los responsables de estos despojos. «Tienen todo armado para que contra ellos no prospere absolutamente nada», aseguró.
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La gravedad de las acusaciones y la implicación de figuras poderosas han llevado a que Pérez Fernández, reciba constantes amenazas de muerte, lo que ha obligado a reforzar su esquema de seguridad. Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la integridad de las instituciones locales y nacionales en la protección de los derechos de los despojados y en la imparcialidad en la resolución de estos litigios.
