“Teníamos la impresión que el actual gobierno del presidente Petro, sería el abanderado de impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gasto y recaudo en los departamentos”
Colombia tiene la obligación de efectuar los profundos cambios, políticos – administrativos, que la sociedad solicita con las marchas, los paros y las situaciones extremas de orden público, que han sacado a la luz pública diferentes problemas que pueden ser solucionados en las regiones, ya que se ha demostrado que cada región tiene sus vicisitudes.
Teníamos la impresión que el actual gobierno del presidente Petro, sería el abanderado de impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gasto y recaudo en los departamentos, en algo que se ha discutido e intentando implementar años por años, donde es mayoría los que estamos de acuerdo con la descentralización, con relación a las minorías que se encuentran enquistadas en las poltronas del gobierno central, haciendo todo lo posible para que no se salga de sus manos el control del dinero para poder así concentrar la corrupción desde la capital.
Es bueno aclarar que no estamos hablando de federalismo, al país le quedó grande el centralismo asfixiante que tenemos de lastre desde 1812 cuando políticos y empleados de la época, igual a los recientes, consideraron que el poder político y económico debería estar centralizado, pero lo que se trata, es de la autonomía regional, donde las entidades territoriales deban participar mucho más de la riqueza nacional, partiendo de la filosofía no corrupta de para qué se usará ese dinero.
Ya es hora de reformar la Ley de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011), para darle vida a un nuevo marco general de competencias de los municipios y departamentos, con descentralización y autonomía territorial, apartar de un tajo la filosofía de un sector de nuestra clase política y empresarial que defienden a ultranza el centralismo de manera especial la elite política-económica-burocrática-bogotana, unida a unos cuantos de las regiones que no les importa lo frágil que se ha constituido el estado.
La corrupción galopante centralista, y la toma de decisiones político-económico-social, de unos cuantos “pelafustanillos” anquilosados en las poltronas de hacienda o planeación, sin conocer a mano que sucede en las regiones y mucho menos como se pueden afrontar sus soluciones, dando al traste con la diversidad económica, social, cultural, religiosa y política de nuestras regiones que las pueden resolver si las decisiones estuviesen en sus manos.
Es necesario la reforma de la Constitución del 91, explícitamente en cuanto a la autonomía regional, ya que los municipios tienen muy poco poder político-económico, ya que como anotamos anteriormente, las decisiones de mayor importancia del estado están en cabeza del nivel central, y para que los municipios y departamentos resuelvan sus problemas, es necesario acabar con la rigidez del estado colombiano
Con preocupación observamos que cuando se intenta discutir la autonomía para las regiones, el centralismo sale con sus argumentos trasnochados y fuera de contexto, aseverando que los municipios y departamentos son engendros de corrupción. Todo nuestro estado es corrupto y no se puede sustentar la negatividad de la autonomía, como propicia para la corrupción, cuando entre más centralismo, más corrupción y es allí donde se requiere en la descentralización unas veedurías sólidas, una fiscalía no corrupta, y unos órganos de control que les sea imposible a los corruptos de apropiarse de los dineros de los contribuyentes.
Es sabido que el presidente tiene sus resquemores políticos al pensar que muchos gobernadores y alcaldes no son de línea política, pero cuando se gobierna, se hace para toda la nación y los entes territoriales no pueden ser limosmeros. Las cartas están echadas…no es federalismo, es descentralización de las regiones…sin corrupción ni nepotismo…
