Cartagena de Indias, una ciudad de contrastes, ha sido testigo de un fenómeno alarmante: la crónica inacción de las administraciones distritales en el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). A pesar de que algunas de estas sentencias tienen más de 13 años de antigüedad, los proyectos estratégicos que podrían transformar la ciudad siguen atrapados en la burocracia, mientras los responsables esquivan las consecuencias legales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Mercado de Bazurto. En 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó su traslado, una medida que debía ejecutarse en un plazo de cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el POT de 2001. Sin embargo, 14 años después, el mercado sigue operando en su ubicación original, afectando a miles de residentes que viven en condiciones insalubres y congestionadas.
Otra sentencia relevante es la que ordena la reubicación de los asentamientos de Marlinda y Villa Gloria, fallada en 2017 por el Consejo de Estado. Esta acción popular reiteraba la necesidad de cumplir con el POT, que desde 2001 había señalado la urgencia de estos traslados. Sin embargo, las familias afectadas continúan en sus hogares, expuestas a riesgos ambientales y carentes de los servicios básicos necesarios.
La situación no solo es un reflejo de la ineficacia administrativa, sino también de la falta de voluntad política. A pesar de la existencia de recursos, como los $2.6 billones que la pasada administración de William Dau dejó en los bancos, los proyectos cruciales para la ciudad han sido postergados indefinidamente. Este comportamiento, según algunos expertos, podría considerarse como un «fraude a resolución judicial», un delito tipificado en el Código Penal colombiano.
El abogado Agustín Leal Jerez, experto en Derecho Público y Urbanístico, ha denunciado públicamente esta situación, subrayando que las excusas basadas en la falta de recursos no se sostienen frente a la realidad financiera del Distrito. Leal Jerez ha instado a la Fiscalía General de la Nación a imputar cargos a los responsables por el incumplimiento sistemático y doloso de estas sentencias.
La ciudad enfrenta un dilema urgente: o se toman medidas drásticas para cumplir con el POT y las sentencias judiciales que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, o se continúa en un ciclo de negligencia que solo perpetúa la desigualdad y el deterioro urbano. La falta de acción no solo afecta a los más vulnerables, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en el futuro de Cartagena como una superciudad.
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El llamado es claro: es hora de que las autoridades locales y nacionales asuman su responsabilidad y den un paso adelante para garantizar que las sentencias se cumplan, transformando de una vez por todas el rostro de la ciudad. De lo contrario, la deuda pendiente con los ciudadanos de Cartagena de Indias seguirá creciendo, con consecuencias imprevisibles para su desarrollo y bienestar.
