La elección del nuevo director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), seccional Bolívar, no debe tomarse a la ligera. Es sabido por todos que esta dependencia, encargada de proteger a nuestros infantes y a la primera célula de la sociedad, es decir, la familia, lleva décadas secuestrada por la clase política, que durante mucho tiempo la ha desangrado.
Hace pocos meses, el exalcalde William Dau Chamat denunciaba las irregulares prácticas de un exconcejal en esta entidad. En diciembre de 2023, se hizo la convocatoria para el concurso de méritos por medio del cual se elegirá a quien dirija el Instituto. Como siempre, este proceso está lleno de aspirantes de cada casa política, capos de carteles electorales moviendo sus fichas.
Por parte del cartel de los BLEL, está Iván Sanes, quien es un «detodito premiado» que siempre se acomoda en cada administración. El señor Sanes es actualmente funcionario de la Gobernación de Bolívar, lo que obviamente impide al gobernador Yamil Arana, hacer la elección, toda vez que, para variar, este mismo personaje encabeza la lista de los preseleccionados para el cargo. Aquí habría un conflicto de intereses, sin contar la ventaja que tiene sobre los demás postulantes por su cercanía con quien, por directriz del ICBF, elige. Además, es uno de los consentidos del todopoderoso jefe de este grupo, que, entre otras cosas, es socio político del gobernador.
Los rojos no se quedaron atrás y postularon a Ana Patricia López, quien no solo dejó en quiebra la IPS COMFAMILIAR cuando dirigió la Caja, sino que también tiene un auto de imputación de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la Nación, dentro del proceso de responsabilidad N° 1886. Esta información puede ser constatada en la página del ente de control.
En el décimo puesto está otro representante de los azules, el defensor de familia Alfredo Morales Basanta, quien, si bien sacó la mayor puntuación en el examen, los estudios y la experiencia no le dieron para mantener esa calificación.
Lo anterior sin contar que, al parecer, quienes ocupan el primer y segundo lugar en la calificación hasta el momento, llegaron hasta ahí después de haber validado unos estudios doctorales que no son muy transparentes, el proceso en contraloría mencionado en esta misma columna y el conflicto de intereses del gobernador para encargarse de elegir al nuevo director o directora.
Es importante destacar que el convenio de selección fue contratado con la Universidad Nacional. Como el proceso se ha dilatado, el plazo del convenio venció y hoy los encargados del mismo son: la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República y el ICBF. Confiemos en que sean coherentes con sus discursos de cambio y transparencia, y que esta vez sí nos sorprendan eligiendo por méritos y no por casa política.
