Cartagena de Indias se encuentra al borde de una emergencia en el servicio de agua potable. En 2024, la crisis del suministro del vital líquido ha alcanzado niveles alarmantes, revelando fallos profundos en la infraestructura de acueducto que han paralizado tanto a barrios populares como a zonas turísticas. Más allá de las interrupciones habituales, esta situación crónica es ahora una bomba de tiempo que afecta la salud, la economía y el bienestar de miles de cartageneros.
El colapso no se debe a fallas «fortuitas» como insiste Manuel Barrera, gerente de Aguas de Cartagena (Acuacar), sino a un sistema que, sin el mantenimiento adecuado, ha comenzado a desmoronarse bajo el peso de su envejecimiento. La actitud evasiva de Barrera ha encendido la indignación ciudadana, que no solo acusa a la empresa de ignorar la gravedad del problema, sino de priorizar los intereses comerciales sobre las necesidades esenciales de los cartageneros.
Cada día sin agua es un golpe a la dignidad de quienes dependen de ella. Los barrios más vulnerables sufren cortes prolongados y cada vez más frecuentes. En El Campestre, una ruptura en una de las principales tuberías dejó sin suministro a más del 60% de la ciudad este viernes 27 de septiembre. Mientras tanto, la empresa responde con excusas, mientras los ciudadanos hacen malabares para acceder al vital líquido, muchas veces recurriendo a medios alternativos insalubres.
El problema, sin embargo, va más allá de las tuberías rotas. El congresista cartagenero Fernando Niño Mendoza reveló en la Cámara de Representantes un panorama financiero sombrío para Acuacar: un déficit de $60 mil millones y una deuda de más de $370 mil millones.
La empresa pierde cuatro millones de metros cúbicos de agua al mes debido a fugas e irregularidades, lo que eleva el índice de agua no contabilizada a un preocupante 43.17%, muy por encima del límite permitido por la ley. En otras palabras, casi la mitad del agua que circula por las tuberías de Cartagena se pierde sin llegar a los hogares.
Niño Mendoza no solo expuso las cifras, sino que hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Servicios Públicos (SuperServicios) para intervenir antes de que el sistema colapse por completo. En caso de que la intervención se materialice, podría significar una reestructuración total de Acuacar, con la posibilidad de que la gestión de la empresa sea transferida a nuevos actores capaces de corregir el rumbo y devolver estabilidad a un servicio esencial.
Sin embargo, para los ciudadanos de a pie, la intervención gubernamental no llega lo suficientemente rápido. El periodista Nelson Jiménez lo resumió de forma contundente: «Es inaceptable que en una misma semana nos dejen sin agua por 20 horas debido a ‘mejoras’, solo para cortarnos el servicio nuevamente por un daño». La sensación térmica de hasta 40 grados agrava la desesperación de quienes no pueden acceder ni siquiera a lo básico para refrescarse o mantener la higiene personal.
La indignación social crece, y con razón. Cartagena está en una encrucijada: o las autoridades y los organismos de control toman medidas decisivas e inmediatas, o la crisis del agua podría convertirse en un desastre mayor. La inacción ya no es una opción.
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Los cartageneros están cansados de cargar baldes, de esperar soluciones que nunca llegan y de ver cómo su ciudad, un destino turístico de renombre, sucumbe bajo la mala gestión de su infraestructura básica. Lo que está en juego es más que un servicio público: es la dignidad y el futuro de quienes llaman a Cartagena su hogar.
