La designación de Amelia Pérez Parra como directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por parte del presidente Gustavo Petro marca un punto de inflexión para una entidad que, en los últimos años, ha estado sumida en una crisis de confianza y eficiencia. Sin embargo, este nombramiento ha generado reacciones mixtas, oscilando entre el optimismo por su trayectoria y las dudas sobre los retos estructurales de la SAE.
En un anuncio cargado de simbolismo, Petro destacó la resiliencia de Pérez Parra frente a las adversidades: «Amelia Pérez, a quien terné para ser Fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la Fiscalía y fue perseguida por ello. Mi orden: entregar todos los bienes que fueron de la mafia al pueblo», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Pérez Parra, abogada con más de tres décadas de experiencia en la Fiscalía General de la Nación, es conocida por su firmeza en la lucha contra el paramilitarismo y los derechos humanos. Su exilio en Canadá tras recibir amenazas por sus investigaciones evidencia el precio que ha pagado por su compromiso con la justicia.
No obstante, el contexto de su reciente candidatura a Fiscal General —donde su esposo, Gregorio Oviedo, generó controversias con sus declaraciones— ha dejado una sombra en su reputación pública, lo que podría dificultar su liderazgo en la SAE.
La SAE, responsable de administrar bienes incautados al crimen organizado, ha enfrentado fuertes críticas por su falta de transparencia y sus fallas en la gestión de propiedades estratégicas. El vacío de liderazgo tras la salida de Daniel Rojas, quien asumió como Ministro de Educación, dejó a la entidad a la deriva durante más de cuatro meses.
- Entre los desafíos más urgentes para Pérez Parra se encuentran:
1. Depuración de los inventarios: La falta de claridad en el registro de bienes ha sido uno de los mayores obstáculos para la entidad.
2. Implementación de políticas sociales: Petro ha priorizado la entrega de tierras y bienes a comunidades afectadas por el conflicto. Sin embargo, la capacidad operativa de la SAE ha sido insuficiente para cumplir con esta meta.
3. Reconstrucción de la confianza pública: La entidad ha sido señalada por supuestos actos de corrupción y manejo irregular de bienes, lo que ha debilitado su legitimidad.
El nombramiento de Pérez Parra se produce después de la fallida designación de Diego Cancino, exconcejal de Bogotá, quien enfrentó denuncias de acoso sexual. Este escándalo no solo empañó la imagen de la SAE, sino que también evidenció la falta de rigor en los procesos de selección para cargos sensibles dentro del gobierno.
El liderazgo de Pérez Parra supone un intento de reorientar la SAE hacia un rol más efectivo y alineado con las metas del gobierno Petro. Sin embargo, la magnitud de los problemas que enfrenta la entidad —desde la desconfianza pública hasta los retos administrativos— hará que su gestión sea observada con lupa.
La pregunta clave es si Pérez Parra podrá superar la sombra de las controversias recientes y transformar la SAE en una herramienta de justicia social o si su nombramiento será otro capítulo en la historia de incertidumbre que caracteriza a esta entidad.
