La Fiscalía General de la Nación continúa una exhaustiva investigación sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena de Indias, el cual involucra a la Unión Temporal Bienestar Colectivo, empresa encargada de suministrar alimentos a 207 instituciones educativas en la ciudad. Este contrato, valorado en casi 38.5 mil millones de pesos, está bajo la lupa por posibles violaciones a la normativa de contratación pública, pero especialmente por la polémica que ha desatado la gestión de las bodegas donde se almacenan los alimentos para los estudiantes.
La denuncia penal fue presentada por el veedor ciudadano Carlos Martínez Carrascal, quien apunta a la posible falsificación de documentos claves, como los certificados de inspección sanitaria de las bodegas utilizadas para el almacenamiento de los alimentos.
Según informes preliminares, las instalaciones aprobadas no cumplirían con los requisitos de seguridad sanitaria exigidos por la ley. De confirmarse la falsificación de documentos y el uso de bodegas no aptas para el almacenamiento de alimentos, los responsables podrían enfrentarse a cargos por fraude procesal, un delito grave sancionado por el Código Penal.
Irregularidades en la aprobación de bodegas
El principal foco de la investigación radica en la ubicación y condiciones de las bodegas utilizadas para almacenar los alimentos destinados a los estudiantes. Inicialmente, la bodega fue aprobada en la Zona Franca La Candelaria, un área que está destinada a actividades de importación y exportación, no al almacenamiento de productos alimenticios. A pesar de esta restricción legal, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) aprobó su uso para el PAE. Este hecho ha sido señalado como una grave irregularidad, que podría acarrear consecuencias legales para los funcionarios responsables de tomar esta decisión.
Sin embargo, lo que ha incrementado aún más la preocupación es que, menos de dos semanas después de haber comenzado a operar en la zona franca, el operador decidió abandonar las instalaciones y trasladar la operación a nuevas bodegas ubicadas en el corregimiento de Bayunca, cuando se habían comprometido claramente en el contrato a no cambiar de lugar la bodega durante la ejecución del contrato, situación que genera dudas sobre la idoneidad de estas nuevas instalaciones. La rapidez del cambio y la falta de garantías sobre las condiciones de las nuevas bodegas ponen en evidencia posibles deficiencias en la planificación y el control de la ejecución del contrato.
Posibles delitos y consecuencias legales
Si se comprueba que el DADIS aprobó una bodega vacía o en condiciones inapropiadas para almacenar alimentos, esto podría configurar el delito de prevaricato, por haber emitido decisiones contrarias a la ley en beneficio de la empresa adjudicataria. Además, si se demuestra que hubo negligencia en la supervisión de los procesos, los funcionarios del DADIS podrían ser acusados de omisión de funciones.
Otro aspecto preocupante es el posible desvío de recursos públicos. Si se confirma que las irregularidades en la licitación y en la ejecución del contrato afectaron la correcta distribución de los fondos, podría configurarse el delito de peculado por apropiación, que ocurre cuando los recursos públicos son desviados para fines distintos a los previstos, poniendo en riesgo el bienestar de los estudiantes.
Llamado a una investigación exhaustiva
La denuncia de Martínez Carrascal subraya la falta de transparencia en el proceso de licitación y ejecución del contrato del PAE, e insta a una revisión exhaustiva de los documentos y decisiones tomadas por las autoridades competentes. En particular, se exige que se asegure la publicidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, conforme a la Ley 80 de 1993 y la Constitución Nacional. La gestión adecuada de estos fondos es crucial para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en Cartagena.
La comunidad exige respuestas
Este escándalo ha generado gran preocupación entre los padres de familia, docentes y la comunidad en general, quienes exigen respuestas claras y acciones efectivas para garantizar que los recursos públicos sean gestionados de manera correcta y transparente. Los estudiantes, quienes dependen de este programa vital, son los principales afectados por las irregularidades que están siendo investigadas, y la población espera que las autoridades actúen con firmeza para evitar que se repitan estos incidentes en el futuro.
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La investigación en curso tiene el potencial de esclarecer las graves acusaciones que involucran a funcionarios públicos y a una empresa contratista, y de garantizar que se cumplan los principios de transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha sido notificado sobre las irregularidades en el PAE. Sin embargo, su respuesta ha sido limitada, canalizada a través de su abogado, José Joaquín Posada, quien se ha pronunciado brevemente sobre el asunto.
El proceso de licitación contó con tres oferentes:
- UT BAPACOP-CNG: Operador en 2023 y parte del convenio directo de 2024.
- UT PAE AVANZAR: Declarada inhabilitada.
- UT BIENESTAR COLECTIVO: Finalmente adjudicataria.
