Cuatro personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en irregularidades en el contrato para la modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), firmado en junio de 2021. La Fiscalía General de la Nación identificó una serie de delitos relacionados con la ejecución del proyecto, que supuestamente no cumplió con los objetivos establecidos, ni con los requisitos legales.
Entre los detenidos se encuentran el ex rector de la UTCH, David Emilio Mosquera Valencia, el jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, el jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena, y el representante legal de la empresa adjudicataria, Francis Yoximar Palacios Sánchez.
Los acusados enfrentan cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación, el contrato para fortalecer las herramientas tecnológicas en las aulas de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, estuvo marcado por múltiples fallos en el proceso de contratación. A pesar de que el contrato se firmó para mejorar las condiciones tecnológicas de la universidad, se reveló que se desembolsaron recursos públicos para la compra de herramientas tecnológicas que no cumplían con las condiciones requeridas, y otras que nunca fueron entregadas.
En particular, el fiscal que lleva el caso señaló que la licitación fue declarada desierta, pero que, a pesar de ello, el contrato fue adjudicado a una empresa específica, lo que sugiere que el proceso estuvo viciado desde su inicio. Moreno Córdoba, encargado de elaborar los estudios técnicos y de supervisar el proyecto, certificó un avance del 15,8% en la obra, sin que existiera evidencia que lo respaldara, lo que llevó a un desembolso de más de 600 millones de pesos.
A su vez, se descubrió que la adición presupuestal de 300 millones de pesos realizada en septiembre de 2021, a través de la Resolución 4114, no fue debidamente justificada ni planificada con anterioridad.
La Fiscalía ha solicitado la medida de aseguramiento en centro carcelario para los investigados, quienes hasta el momento no han aceptado los cargos. El juez de control de garantías se pronunciará próximamente sobre la solicitud.
Este caso resalta las deficiencias en la gestión de contratos públicos en la UTCH, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia en la utilización de recursos destinados a la educación y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en las universidades del país. Las autoridades continúan investigando las posibles implicaciones de los involucrados en otros delitos relacionados con el contrato y otros proyectos de la institución.
