El Real Cartagena ha decidido tomar medidas legales contra la Dimayor, el organismo encargado de organizar el fútbol profesional colombiano, por lo que consideran una aplicación errónea del reglamento que regula el ascenso a la Primera División.
Según el Club Heroico, la entidad está interpretando de manera incorrecta el Parágrafo 4, Artículo 26 del Reglamento del Torneo BetPlay, lo que afecta directamente sus posibilidades de disputar el repechaje y opta por una decisión que contraviene las reglas previamente acordadas en la Asamblea de clubes.
El centro del conflicto gira en torno a la interpretación del mencionado artículo, que establece que si uno de los equipos campeones de los torneos BetPlay (Torneo Dimayor 1 y/o 2) también ocupa el primer lugar en la tabla de reclasificación, el segundo ascenso debe decidirse mediante un repechaje entre el equipo mejor ubicado en la reclasificación y el que termine segundo en el torneo regular. En este contexto, Real Cartagena consideraba que al haber sido el mejor ubicado en la tabla de reclasificación, tendría el derecho de disputar el repechaje, que consiste en una serie a ida y vuelta.
Sin embargo, según el club, la Dimayor cambió esta interpretación y pretende que el equipo mejor ubicado en la tabla de reclasificación ascienda automáticamente, incluso si pierde la Gran Final del año, lo que dejaría a Real Cartagena sin la oportunidad de competir por el repechaje y sin opciones de ascender.
Desde el 21 de noviembre, el Real Cartagena se comunicó con la Dimayor para obtener confirmación sobre su clasificación al repechaje. A través de una serie de reuniones y llamadas, los directivos del club recibieron varias confirmaciones por parte de la entidad. El asesor jurídico de la Dimayor, Juan Manuel Martínez, explicó el 21 de noviembre cómo se aplicaría el reglamento y afirmó que Real Cartagena estaba clasificado al repechaje. Al día siguiente, Martínez y el gerente deportivo, Simón Ferro, reiteraron que el club había sido confirmado para disputar esta instancia. Finalmente, el 23 de noviembre, tras la victoria del Real Cartagena contra Orsomarso, la secretaria general de la Dimayor, Lorena Novoa, y el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, reafirmaron que el club heroico estaba clasificado al repechaje.
Sin embargo, menos de 48 horas después de estas confirmaciones, la Dimayor cambió de postura, lo que generó desconcierto y frustración en los directivos de Real Cartagena. La entidad decidió no permitir que el equipo disputara el repechaje y optó por esperar la definición del segundo semestre entre Unión Magdalena y Llaneros, equipos que podrían disputar una Gran Final del año si el equipo samario se coronara campeón del segundo semestre.
El club cartagenero calificó esta reversión de la Dimayor como injusta, asegurando que va en contra del espíritu del reglamento y de las decisiones tomadas por la Asamblea de clubes. Según los directivos de Real Cartagena, la interpretación de la norma que hace la Dimayor no puede estar por encima de la voluntad de la Asamblea, que fue quien definió las reglas que rigen el torneo. Por ello, el club anunció que emprenderá acciones legales para que se respeten sus derechos y se haga cumplir el reglamento aprobado.
Este artículo, y particularmente su Parágrafo 4, fue propuesto por el club Llaneros tras el incidente ocurrido en la final de ascenso de 2023, cuando un equipo ya ascendido jugó la final, lo que afectó la competitividad del torneo. El objetivo de la norma es evitar que se presenten situaciones similares y garantizar que los equipos luchadores por el ascenso tengan oportunidades equitativas.
Sin embargo, el Real Cartagena denuncia que la Dimayor ahora intenta aplicar una interpretación parcial de la norma, lo que podría dar lugar a un escenario idéntico al de 2023, con consecuencias negativas para la competitividad del torneo.
Este conflicto pone en evidencia la tensión existente dentro de la organización del fútbol profesional colombiano, donde la aplicación de los reglamentos y las decisiones arbitrarias parecen estar generando divisiones entre los clubes y las autoridades encargadas de regir el deporte. El desenlace de esta controversia podría tener un impacto significativo en la forma en que se gestionan los ascensos y la competitividad en el fútbol colombiano en los próximos años.
