El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena emitió una sentencia clave que frena la orden de desalojo de las pesebreras de Chambacú, un tradicional espacio en la ciudad ocupado por los cocheros turísticos desde hace décadas. Esta decisión llega tras un largo proceso judicial que refleja la compleja tensión entre los derechos de los trabajadores informales y el cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental.
El juez Fabian García Romero, en su resolución, ordenó a la Alcaldía Distrital de Cartagena abstenerse de desalojar a los propietarios de los coches turísticos que operan en esta área. Este fallo responde a un incidente de verificación de cumplimiento de una tutela interpuesta por el abogado Joaquín Torres, quien representa a cuatro cocheros que, junto a otros 60 vehículos, 300 trabajadores y 120 caballos, se verían afectados por la medida.
La sentencia no solo ratifica los derechos al trabajo de estos ciudadanos, sino que también exige la implementación de un plan de reubicación que permita a los cocheros continuar con su oficio de manera legal, sin afectar sus derechos fundamentales. Esta medida está vinculada a una sentencia de tutela del 4 de agosto de 2009, que ya había sido emitida en favor de los trabajadores, y está estrechamente relacionada con una acción de grupo que busca una solución integral para la reubicación de las pesebreras en Chambacú.
Este fallo subraya el principio de «confianza legítima», un concepto jurídico que se aplica cuando una persona ha actuado con la confianza de que las autoridades no alterarán las condiciones previamente establecidas. En este caso, los cocheros de Chambacú han operado en este sector por años, con pleno conocimiento y tolerancia de las autoridades públicas locales, lo que les otorga una protección especial bajo este principio.
El conflicto en Chambacú no solo involucra un tema legal, sino también cultural y económico. Los coches turísticos, conocidos como los tradicionales «coches de caballo», son una de las imágenes más representativas de Cartagena para los turistas que visitan la ciudad. Sin embargo, también enfrentan un dilema ambiental y urbano, dado el crecimiento de la ciudad y las políticas de sostenibilidad que promueven la sustitución de los coches de tracción animal por vehículos eléctricos.
El abogado Joaquín Torres señaló que el Distrito no puede imponer esta sustitución sin un proceso de concertación con la Asociación Cartagenera de Cocheros, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.
Además, la sentencia resalta que cualquier medida de reubicación debe ser negociada, y que no se puede despojar a estos trabajadores de sus medios de vida sin ofrecer alternativas que les permitan continuar desempeñando su labor. Esta es una batalla que va más allá de la simple legalidad, tocando fibras de justicia social, preservación de tradiciones y desarrollo urbano.
