Colombia no es un país normal. También en materia de corrupción somos excepcionales. Y no para bien. Si bien el flagelo es común en toda América Latina, no es usual la tolerancia que existe en nuestro país cuando los corruptos son el jefe del Estado y su círculo más íntimo. Mientras que, a lo largo del continente, muchos presidentes han caído por escándalos de corrupción e incluso alguno se ha suicidado, aquí Samper salió impune del proceso 8.000 y Santos de la financiación de su campaña por Odebrecht y la posterior contraprestación con contratos. Antecedentes que demuestran que, por estos lares, al presidente de la República se le trata de manera tan especial que tiene garantizada su impunidad.
Una de las razones que explica tales consideraciones con los presidentes es el afán del “establecimiento» por garantizar la estabilidad del gobierno. Es una posición que, al menos en parte, resulta comprensible: el desorden habitual y la violencia hacen que la continuidad gubernamental genere algo de tranquilidad. Además, se suma la cultura civilista de Colombia, que explica la ausencia de golpes de Estado y que parece extenderse incluso a evitar la salida del jefe de gobierno, aun por los motivos y procedimientos que la misma Constitución establece.
No ayuda, por supuesto, la inclinación de muchos congresistas, en especial los de la Comisión de Acusaciones, por el dinero, la burocracia y los contratos. A estas alturas, ha hecho muchos méritos para ganarse el mote de «Comisión de Absoluciones». Bien ha hecho la Corte Suprema en pedirles la documentación sobre la investigación que deberían estar adelantando contra Petro por financiación ilegal de su campaña y por la violación de topes. Cuando actúan en el marco de la Comisión de Acusaciones, los congresistas no pueden alegar la inviolabilidad de sus opiniones. En ese ámbito, tienen funciones judiciales y es su deber cumplirlas con estricto apego a la ley y sin consideraciones políticas. De otra manera, prevarican. Están advertidos.
También influyen los excesivos poderes del Presidente, algunos de los cuales le permiten tener un fiscal de bolsillo. Por esa vía, neutralizan las investigaciones contra los suyos o, peor aún, usan la entidad para desacreditar e intimidar a sus contradictores y a los denunciantes.
Parece ser el caso de Camargo. Por un lado, el ente investigador no avanza en los escándalos que involucran a Nicolás y Juan Fernando Petro, Verónica Alcocer, Ricardo Roa, Euclides Torres, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Xavier Vendrell y Manuel Grau. Tampoco se mueven los procesos de los vinculados a la compra de parlamentarios y el saqueo de la UNGRD, entre ellos Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González. Ni el de Guillermo Jaramillo y la narcoavioneta de la campaña. Todos congelados. Por el otro lado, en cambio, la fiscal evita la orden de captura contra «Papá Pitufo» apartando al fiscal responsable en plena audiencia, mueve también al fiscal que capturó al primogénito y ahora parece perseguir al funcionario y al investigador del CTI que llevaban las pesquisas en ese caso.
Y, como si no fuera suficiente, otro escándalo: el del zar del lavado de activos. Supimos que, tras una reunión con el Mindefensa, se filtró información al contrabandista. También que Petro se reunió no una, sino dos veces con él. El supuesto video de devolución de la plata no aparece. Y la DIAN ha resultado salpicada desde todos los sectores. Según los medios, Roy Barreras pidió direcciones y amenazó como si fuera un vulgar mafioso. El hermano del presidente, acompañado de la mano derecha del «Pitufo», fue a hablar con el director de la entidad para pedirle nombramientos en Buenaventura. Desde la Presidencia hicieron lo mismo. Y el director designó a la ficha de Carlos Ramón González, quien, a su vez, nombró al recomendado de Juan Fernando Petro. Mientras tanto, el presidente premia al funcionario de la DIAN con el Ministerio de Comercio.
Insisto: con tanta información sobre actuaciones delincuenciales, confesada por el mismo círculo petrista, otro presidente ya habría caído. O, si tuviera una pizca de dignidad, habría renunciado. Aquí, en cambio, sigue tan campante, defendiendo a criminales como «Araña» y debilitando a la Fuerza Pública, sembrando odio y caos, haciendo daño. Mucho daño.
