Este martes 18 de marzo de 2025 será un día que marcará la agenda política y social del país, tras el anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro de decretar un día cívico. Su intención es que los ciudadanos se sumen a las movilizaciones en apoyo a sus reformas. Sin embargo, la pregunta que resuena en las calles de Cartagena es si la ciudad tomará este día cívico o si, como es común en situaciones de tensión política, prevalecerá la postura conservadora que, en muchas ocasiones, se traduce en indiferencia ante las iniciativas del gobierno nacional.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió a la incertidumbre con una postura tibia y, para algunos, preocupante: «Habrá todas las garantías para las marchas pacíficas y para que la gente se exprese, pero Cartagena trabajará en su normalidad», aseguró. ¿Qué significa esto realmente para los cartageneros?
En primer lugar, es importante destacar que la «normalidad» en la que Cartagena seguirá operando no necesariamente significa una desatención al llamado del presidente, pero tampoco refleja un apoyo explícito a las movilizaciones. Al ser una ciudad con una economía fuertemente vinculada al turismo y la industria portuaria, las dinámicas laborales y comerciales no pueden detenerse sin causar un impacto económico significativo. Sin embargo, la postura de «garantizar el normal desarrollo» del día cívico puede ser interpretada como una muestra de falta de compromiso con la causa, aunque esta se base en reformas que buscan un cambio estructural en sectores clave como la salud, pensiones y trabajo.
La contradicción está en la forma en que el alcalde maneja su discurso: por un lado, asegura que no habrá interrupciones, mientras que por otro, se compromete a brindar todas las garantías para quienes quieran marchar. Este tono ambiguo refleja una vez más la falta de una posición firme ante los cambios propuestos por el gobierno central. Mientras sectores del país piden el apoyo de los mandatarios locales a las reformas, Turbay prefiere mantenerse en la línea de no confrontación, un enfoque que podría desinflar la participación ciudadana en Cartagena de Indias.
- También puede leer: OPINIÓN | ¿Cuál es el miedo a las reformas…? Consulta popular…SÍ…
Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. La senadora María Fernanda Cabal no dudó en señalar lo que considera un abuso de poder por parte del presidente Petro al decretar el día cívico, argumentando que no es una «dictadura» y que no se puede obligar a los colombianos a marchar. Este rechazo también lo comparte el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien considera que las marchas y la consulta popular son señales de un gobierno que ha dejado de gobernar y ahora busca movilizar a la gente para que respalde reformas que, según él, están condenadas al fracaso.
En Cartagena, esta dinámica se convierte en un reflejo de las tensiones políticas que se viven a nivel nacional. Los cartageneros, históricamente críticos del centralismo, pueden ver en este día cívico una imposición desde el poder central, lo que podría generar resistencia o desinterés hacia las movilizaciones. Además, el hecho de que la ciudad mantenga su ritmo «normal» podría interpretarse como una respuesta de defensa de la autonomía local frente a las decisiones que llegan desde Bogotá.
Lo cierto es que, en medio de este torbellino político, Cartagena de Indias parece ser una de las ciudades que opta por la prudencia. La pregunta que queda en el aire es si este «no tomar partido» es la mejor opción o si, por el contrario, la ciudad se está perdiendo una oportunidad de ser parte activa de un cambio social que promete reconfigurar la realidad del país.
A medida que se acerca el 18 de marzo, se abre el debate no solo sobre la legitimidad de las reformas de Petro, sino sobre el papel de los mandatarios locales en los grandes movimientos sociales. Cartagena, al igual que muchas otras ciudades, enfrenta la encrucijada de seguir la corriente o mantenerse al margen, y el liderazgo de Dumek Turbay, al menos por ahora, parece inclinarse por una opción más cauta. Sin embargo, esa «normalidad» anunciada podría acabar siendo más una forma de evitar el conflicto que una verdadera reflexión sobre el futuro de Colombia y de la ciudad.



