El asesinato del joven Brayan Guilin Iriarte ocurrido este lunes 31 de marzo en Cartagena de Indias a plena luz del día, es un acto de barbarie que no solo desgarra el tejido social de la ciudad, sino que también pone en evidencia la ineptitud y la falta de visión de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
A pesar de la millonaria inversión en el “Plan Titán 24”, propuesto por el alcalde Dumek Turbay, los cartageneros continúan siendo víctimas de la criminalidad desbordada, y la pregunta que resuena es: ¿Dónde están los resultados?
El hecho de que un sicario se atreva a ejecutar un asesinato en un lugar público y en presencia de testigos, evidencia la total ausencia de control y seguridad. No se trata solo de un problema de recursos, sino de una estrategia fallida que parece más un intento de mostrar acción que una solución real a la crisis de seguridad. La designación del General ( r ) Carlos Rodríguez como líder del mencionado Plan no ha hecho más que poner de manifiesto que, a veces, las viejas fórmulas no son la respuesta a problemas complejos.
La captura de un sospechoso con antecedentes judiciales por homicidio y hurto es un mero paliativo ante un problema sistémico. La policía, aunque actúa rápidamente después del hecho, no puede ser vista como la solución cuando su presencia es incapaz de disuadir el crimen. Las comunidades se ven atrapadas en un ciclo de violencia que se perpetúa ante la falta de medidas efectivas de prevención y rehabilitación.
El “Plan Titán 24”, en lugar de ofrecer una respuesta integral, parece haber sido concebido como un parche temporal. Las estrategias de seguridad deben ir más allá de la represión y la militarización. Es urgente implementar políticas que aborden las causas de la violencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la descomposición del tejido social. Sin un enfoque holístico, los cartageneros seguirán enfrentando la amenaza de los sicarios, y cada nuevo asesinato será un recordatorio doloroso de la incapacidad de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
La muerte de Brayan y la de muchos otros así hayan tenido antecedentes judiciales es una tragedia que no puede quedar en el olvido. Es un grito desesperado por un cambio en la forma en que se aborda la seguridad en Cartagena. Las autoridades deben dejar de lado la retórica vacía y comenzar a actuar de manera efectiva, porque cada vida perdida es una falla monumental en el deber de proteger a la comunidad. La ciudad merece algo más que promesas vacías; merece un compromiso real y efectivo para frenar la ola de violencia que la azota.
