Son muchos quienes consideran que la polarización es un mal contemporáneo que daña a la sociedad y agravia la democracia. Mi lectura es más benévola. La polarización es inherente a la sociedad democrática y una expresión de la heterogeneidad que le es consustancial. La polarización solo es posible en democracia. En los regímenes autoritarios, los gobiernos buscan la uniformidad, la identidad única, la similitud de todos. Las voces discordantes, los diferentes, los disidentes, son apartados, estigmatizados, perseguidos para someterlos a la horma común o, si tal cosa fuera imposible, aislados por la cárcel, el destierro o, peor aún, eliminados.
Si hay polarización, es porque hay democracia: puntos de vista distintos, contrapuestos, expresión de la diversidad y su riqueza. La existencia de posiciones que se enfrentan es incluso deseable, más aún, necesaria para la vida democrática. Puntos de vista, opciones diferentes, entre las que el ciudadano escoja, con las que coincida y, si lo desea, milite. Es desde esa diversidad, desde esa diferencia, que debe construirse el discurso político. Y es esa misma diversidad la que permite que el ciudadano encuentre representación: una voz que refleje su pensamiento y sus preocupaciones.
Por eso, porque la democracia no solo posibilita sino que requiere puntos de vista distintos y en ocasiones contrapuestos, es que en un régimen democrático el órgano político por definición es el Congreso, el Parlamento, el Legislativo, y no la Presidencia, la jefatura de gobierno, el Ejecutivo.
Es en el Congreso —plural, diverso, que reúne múltiples voces— donde el pueblo encuentra su mejor representación. Un pueblo que en realidad son muchos pueblos, muchas y distintas posiciones sobre los problemas nacionales y sus soluciones. En sociedades plurales, en sociedades de cientos de miles o millones, como son las contemporáneas, la democracia es representativa o no es.
La democracia representativa, además, no solo refleja mejor la diversidad y las diferencias naturales en una sociedad, dándoles voz y visibilidad, sino que también obliga al diálogo, al debate, a la discusión pública entre los distintos, para alcanzar los mejores acuerdos posibles. Por eso, la democracia es un juego de mayorías sucesivas en el tiempo y en los espacios, que se construyen, deconstruyen y reconstruyen de acuerdo con los temas y con la fuerza predominante del discurso más efectivo en reflejar y conquistar la opinión ciudadana más numerosa del momento. De ahí que la democracia exija elecciones periódicas y la posibilidad de alternancia en el poder. Las mayorías de hoy no son necesariamente las de mañana, y todas deben tener la posibilidad real de alcanzar el poder si triunfan en el juicio ciudadano.
De ahí también que la democracia sea, de todos los regímenes políticos, el que privilegia la palabra, el discurso, el diálogo como instrumento, y el que por definición desecha y censura la violencia. En el régimen democrático vence quien convence, no quien por la fuerza se impone.
No es entonces criticable que en una democracia haya polarización, que la ciudadanía se decante, dividida, entre posiciones opuestas, a veces radicalmente irreconciliables. No es necesario que haya punto medio. El encuentro se da en las reglas de juego, en las formas democráticas, en el respeto por la decisión mayoritaria y en la protección de los derechos de las minorías derrotadas, potenciales mayorías futuras. Polarización puede haber siempre que se respete que la contienda sea en el discurso, en las palabras; que las armas sean el diálogo y la argumentación y —condición fundamental— se evite la violencia.
Por eso también son censurables las prácticas que tergiversan la voluntad ciudadana, que impiden la construcción libre de las mayorías. Deben ser —y son— punibles la coacción para obligar el voto, el fusil en la nuca o su amenaza en las urnas, o la compra del voto del ciudadano de a pie en las elecciones o del congresista en el recinto parlamentario. Pero también son detestables la mentira, las fake news, el ataque vil al opositor. No es válido —no debe ser lícito— correr la “línea ética” en la campaña o en el discurso del gobierno, la trampa a las reglas de financiación, la descalificación del contradictor como “fascista”, “nazi”, “oligarca”, “asesino”. O el pacto con los criminales, en las cárceles o donde sea. Y, por supuesto, es ilegal —y un delito— el soborno de parlamentarios, el abuso y el asalto al presupuesto público para aceitar maquinarias, comprar voluntades, hacer campaña, o tolerar que los grupos violentos campeen a sus anchas para forzar a los ciudadanos a votar por quienes simpatizan con ellos. Esas —y no la polarización— son las verdaderas amenazas a la democracia.
