En el departamento de Sucre, lo que debía ser una medida para mejorar la seguridad vial ha terminado por convertirse en una fuente de inconformidad, sospechas y malestar generalizado. La instalación reciente de cámaras de fotodetección en las vías que conectan Sincelejo con Corozal y Sincelejo con Sampués ha provocado una reacción airada, no solo entre conductores locales y visitantes, sino también en comunidades organizadas como los cabildos indígenas, que han rechazado tanto la forma como el fondo de esta medida.
Y es que no se trata de un fenómeno nuevo. Desde hace años ya existían cámaras instaladas en puntos estratégicos como la altura de la Primera Brigada de Infantería de Marina en Corozal, junto a la embotelladora de Coca-Cola, y a la salida de Corozal hacia Los Palmitos. Con la aparición de nuevos dispositivos, la situación se torna aún más grave.
Las cámaras más recientes fueron ubicadas —estratégica o maquiavélicamente— en dos puntos clave: una cerca del centro recreacional Los Campanos (doble sentido), y otra en la vereda La Negra, en inmediaciones de la subasta ganadera. Pero lo más desconcertante no es su localización, sino el contexto en el que fueron instaladas: sin previo aviso, sin socialización y sin señalización visible. Aprovecharon la temporada de Semana Santa, cuando los viajeros transitan sin sospechar, para ponerlas en funcionamiento. La comunidad lo resume con una frase popular: «caen porque caen».
La desconfianza crece al ver vehículos oficiales —recién asignados por la Gobernación de Sucre a la Secretaría de Tránsito Departamental— parqueados junto a estos dispositivos. ¿Estamos ante una estrategia de seguridad vial o frente a una emboscada institucional con afán recaudatorio? Las preguntas no tardaron en surgir.
Además del golpe al bolsillo, surge una preocupación real: la inseguridad. En los tramos Sincelejo–Sampués y Sincelejo–Corozal, se han reportado recientemente atracos en los que delincuentes utilizan métodos rudimentarios —arrojan objetos o colocan obstáculos— para obligar a los conductores a frenar. Ahora, con las cámaras obligándolos a reducir la velocidad en puntos específicos, muchos temen estar aún más expuestos. Lo que debería proteger, podría terminar facilitando el delito.
Los cabildos indígenas también han alzado su voz, denunciando la ausencia de consulta previa y el irrespeto a las dinámicas de sus territorios. Esto no es solo un problema técnico, sino una imposición desde el poder sin considerar el contexto ni la idiosincrasia local. Como si la institucionalidad actuara desde una torre de marfil, ajena a la realidad de quienes habitan y transitan por estas vías.
Mientras tanto, los conductores, comerciantes, transportadores y familias sienten que han sido sorprendidos en su buena fe. No por imprudentes, sino por desinformados. Frases como “me fotomultaron sin saber” o “ni sabía que eso estaba ahí” se repiten con frecuencia. Esto no refleja una ciudadanía rebelde, sino una implementación opaca y excluyente.
Resulta preocupante que, en un departamento con necesidades urgentes en salud, educación, infraestructura y seguridad, se priorice con tanto entusiasmo una medida que divide en lugar de unir a la ciudadanía con sus gobernantes. La pregunta que se hace en cada esquina es: ¿estas cámaras salvan vidas o solo engordan el recaudo?
La comunidad ha sido clara: no rechaza la tecnología ni la regulación del tránsito, pero exige algo básico en toda democracia funcional: participación, transparencia y respeto. Lo que vive hoy Sucre no es una rebelión contra las normas, sino una súplica para que se impongan con justicia, no como una trampa cazabobos.
Desde los municipios afectados el llamado es claro: que se suspendan las cámaras hasta que se realice un proceso de socialización, que se instalen señales visibles, que se evalúe la pertinencia de su ubicación y, sobre todo, que se dialogue con las comunidades. Porque no puede haber orden sin legitimidad, ni seguridad sin confianza.
En definitiva, si el gobierno departamental busca ganarse el respeto de su gente, debe ejercer la autoridad con pedagogía, no con cámaras ocultas y vehículos oficiales escondidos al borde del camino.
Mientras tanto, en Sucre, cada poste y cada sombra en la carretera despierta sospechas. Porque, más allá del radar, lo que más temen los conductores hoy no es la multa, sino sentirse engañados. Y como si no bastara con el peaje, ahora tienen otro problema.
