Un hecho que sacude la confianza en la fuerza pública ha salido a la luz: cuatro militares del Ejército Nacional fueron judicializados por el homicidio de un campesino desarmado, durante una operación contra el ELN en el municipio de Arenal, Bolívar. El crimen ocurrió el 9 de abril de 2017, pero solo hasta ahora los responsables enfrentan a la justicia.
Los imputados son el teniente Luis Adolfo Barrios Usunaga y los soldados profesionales Mario Calderón Campos, Alcibiades Machado Herrera y Óscar García, integrantes del Batallón de Acción Directa N° 1. La Fiscalía los señala del delito de homicidio en persona protegida, tras haber accionado sus armas sin justificación alguna, según el ente acusador. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
Ese día, los uniformados participaban en un operativo militar con el objetivo de capturar a José Alejandro Chinchilla, alias «Cusi», cabecilla de finanzas del ELN en la zona. Según la Fiscalía, los militares se apostaron como tiradores de alta precisión en una vía rural de la vereda Santo Domingo. Desde allí, abrieron fuego contra dos hombres que se movilizaban en motocicleta, sin verificar su identidad ni recibir orden alguna para disparar.
El saldo fue trágico: Eduardo Antonio Gutiérrez Duarte, un campesino de la región, resultó muerto. Los peritajes forenses y testimonios recogidos por la Fiscalía confirmaron que ni él ni su acompañante tenían armas ni vínculos con el grupo subversivo. Peor aún: alias «Cusi» fue capturado ese mismo día, pero en otro punto del municipio, sin que mediara enfrentamiento.
El caso, que permanecía en silencio, ahora expone una dolorosa realidad: la confusión, la improvisación y la extralimitación en las operaciones militares puede terminar segando la vida de inocentes. Los hechos están siendo ventilados ante un juez de control de garantías, quien avaló las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
