Cartagena sigue sumando muertes violentas en sus calles, mientras las respuestas institucionales se diluyen entre comunicados tibios y promesas olvidadas. Esta vez, la víctima fue Guillermo Arturo Galviz Plazas, un zootecnista que dedicó su vida a proteger la fauna silvestre, pero que no encontró en la capital de Bolívar la mínima protección para sí mismo.
Galviz, de 38 años y oriundo de Santander, fue asesinado a plena luz del día, dentro de su propio vehículo, en la calle 31 del barrio San Fernando este sábado 26 de abril. Según testigos, sicarios en motocicleta se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones sin que hubiese reacción inmediata de las autoridades. Otro crimen que, como tantos otros, parece quedar atrapado en la rutina de la indignación pasajera.

Galviz fue coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna (CAV) del EPA Cartagena, lideró su consolidación, publicó un libro sobre aves silvestres y planeaba una granja experimental en Turbana, Bolívar. Su vida era un homenaje a la conservación ambiental, un compromiso que le ganó reconocimientos a nivel nacional.
Más allá del dolor personal, su asesinato plantea serias preguntas sobre el fracaso del control territorial en sectores urbanos. El barrio San Fernando, donde ocurrió el crimen, no es precisamente una «zona caliente» de la ciudad, pero la criminalidad se mueve hoy sin restricciones entre barrios, sin temor a cámaras de seguridad —muchas de ellas fuera de servicio— ni a la presencia disuasiva de autoridades.
Cada bala que impactó a Guillermo Galviz también golpeó la credibilidad de una administración que habla de «Cartagena resiliente», pero que no logra detener el avance de la violencia. El reporte oficial de la Policía Metropolitana es escueto: sicarios en moto, disparos a quemarropa, inspección del CTI. Lo de siempre. Pero, ¿dónde está la estrategia preventiva?, ¿dónde están las cámaras funcionando?, ¿dónde está la inteligencia para anticipar estos hechos?
Mientras las autoridades repiten el ritual de los operativos reactivos, la ciudadanía queda atrapada entre la resignación y el miedo. Cartagena se ha convertido en una ciudad donde las muertes violentas ya no sorprenden.
El asesinato de Guillermo Galviz no puede ser tratado como una estadística más ni como un asunto pasajero. Es un llamado de alerta sobre la fragilidad de la seguridad urbana, y sobre la urgencia de pasar de los discursos a las acciones concretas.



