Una nueva resolución del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) ha encendido las alarmas sobre el uso de figuras jurídicas para esquivar el control estatal y favorecer a contratistas con posibles inhabilidades. La protagonista de esta controversia es Jessica de la Barrera Cabeza, beneficiaria de un estímulo de 15 millones de pesos que había sido cuestionado por el concejal Javier Julio Bejarano, quien advirtió una posible violación al régimen de inhabilidades.
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Pese a los reparos públicos, el IPCC decidió restituir el estímulo bajo el argumento de que la inscripción se realizó no a título personal, sino a través de una fundación que la contratista representa legalmente. En otras palabras, el Instituto da por válido que la persona natural se diluya jurídicamente en una persona jurídica para sortear la ley.
El asunto no es menor. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de inhabilidad por extensión o derivada, con el fin de evitar que ciudadanos inhabilitados accedan a recursos públicos valiéndose de terceros, empresas o fundaciones que controlan. Que una entidad pública desconozca o minimice este principio no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino éticamente reprobable.
Aquí no estamos ante una simple diferencia de interpretación legal. Estamos ante un patrón preocupante: una administración que elige favorecer una maniobra legalista para entregar recursos públicos, en lugar de proteger el interés general. El IPCC no solo avala el estímulo, sino que parece sentar un precedente para legitimar futuros casos similares, abriendo la puerta a contratistas con conflictos de interés, sanciones o cuestionamientos previos.
La denuncia del concejal Bejarano pone en evidencia una realidad incómoda: el Estado está siendo burlado desde adentro, con la complicidad de quienes deberían garantizar la legalidad y la transparencia. Su comparación con figuras como Emilio Tapia —emblemático símbolo de corrupción— no es gratuita. Si se permite que cualquier contratista cree una fundación para escapar a las restricciones que pesan sobre su nombre, ¿Qué clase de ética pública estamos cultivando?
Este no es un error administrativo ni una interpretación inocente. Es una decisión que implica responsabilidad política, jurídica y ética. Premiar con dinero público a quien representa una fundación bajo su control directo, pese a alertas fundadas sobre su inhabilidad, es dar vía libre al fraude estructurado del sistema contractual.
Mientras las autoridades distritales y los organismos de control guardan silencio, la ciudadanía asiste una vez más a una escena repetida: el uso del poder institucional para proteger intereses particulares y no colectivos. El daño no es solo económico; es un golpe directo a la legitimidad de las entidades culturales, a la confianza ciudadana y al espíritu mismo de la contratación pública.
El IPCC, que debería ser un baluarte de la identidad, la cultura y el patrimonio de Cartagena, hoy se encuentra bajo el escrutinio público no por promover la cultura, sino por amparar la trampa.
