Las declaraciones de alias Calarcá, uno de los jefes visibles de las mal llamadas disidencias de las FARC, no solo fueron una bofetada al país, sino una confirmación brutal de lo que muchos advertimos desde hace años: la paz firmada por el expresidente Juan Manuel Santos fue, en el fondo, una farsa cuidadosamente maquillada para ganar un Nobel. “Santos engañó al mundo, las FARC no se desmovilizaron nunca”, dijo sin ambages Calarcá. Y tiene razón. Porque, aunque resulte incómodo darle la razón a un criminal, su declaración desnuda un proceso de paz mal concebido, mal ejecutado y hoy totalmente desfigurado.
Aquel Acuerdo de La Habana fue presentado como el principio del fin del conflicto armado en Colombia. Nos prometieron que las armas serían entregadas, que las rutas del narcotráfico desaparecerían, que se contaría la verdad sobre el reclutamiento forzado de niños y niñas, que la guerra cesaría y que los territorios por fin pertenecerían al pueblo, y no a los violentos. Sin embargo, la realidad ha sido otra: hoy hay más grupos armados, más violencia rural, más zonas controladas por la ilegalidad y una criminalidad que se recicla bajo nuevas siglas y discursos, pero con las mismas prácticas sangrientas.
Alias Calarcá, además, se dio el lujo de anunciar, sin remordimiento alguno, que están dispuestos a seguir dialogando, ya sea con Petro o con el próximo gobierno. Es decir, el “negocio de la paz” continúa. Así funciona: los cabecillas se sienten con autoridad para negociar, incumplir, aplazar y volver a sentarse a la mesa, mientras acumulan armas, reclutan menores, se financian con el narcotráfico y perpetúan su dominio territorial. (Así pasó con Márquez, Santrich y muchos otros casos ya conocidos). No son actores políticos: son estructuras criminales.
Y lo más preocupante es que el gobierno del presidente Gustavo Petro les ha abierto las puertas de par en par, repitiendo los errores de Santos, pero agravándolos con concesiones aún más peligrosas. Lo de Santos fue por un Nobel; ¿Petro buscará con ello asegurar su reelección?
La llamada “paz total” de Petro ha sido, en la práctica, una rendición del Estado frente al crimen. Los únicos realmente desmovilizados han sido los miembros de la fuerza pública. Mientras se les exige a soldados y policías soportar las balas sin responder —situación que ha facilitado el asesinato a mansalva de muchos de ellos—, se le pide a la ciudadanía que confíe en procesos de diálogo con grupos como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC e incluso bandas criminales urbanas. Se otorgan ceses bilaterales que solo aprovechan los violentos para fortalecerse; se suspenden operaciones militares en sus zonas y se les ofrecen beneficios judiciales y políticos sin ninguna garantía de verdad, reparación o justicia.
La paz total ha sido, en realidad, una patente de corso con la firma del Ejecutivo para el fortalecimiento del terrorismo en Colombia.
¿Dónde están los resultados de esta paz total? En los últimos 18 meses, el secuestro ha aumentado más del 80 %, con el ELN como principal actor. El Clan del Golfo ha expandido su presencia en al menos ocho departamentos, disputando rentas ilegales con otras organizaciones armadas. Las disidencias de las FARC, como la Segunda Marquetalia y el también mal llamado Estado Mayor Central, han triplicado su capacidad militar y recuperado corredores estratégicos para el narcotráfico. El país asiste a una reconfiguración criminal acelerada, mientras en el Palacio de Nariño siguen hablando de paz.
Lo más aberrante es que estas estructuras, lejos de estar en retirada, actúan con arrogancia política. Hablan desde la ilegalidad como si tuvieran legitimidad, exigen reconocimiento, imponen condiciones y hasta critican al propio Estado colombiano. La declaración de Calarcá es solo una muestra de ese cinismo: no solo admite que las FARC no se desmovilizaron del todo, sino que denuncia que todo fue una operación de maquillaje para legitimar el ascenso político de unos cuantos “viejitos” a quienes —con la complicidad de Santos— se premió con curules en el Congreso tras décadas de asesinatos, secuestros, masacres y narcotráfico. Una pensión dorada tras años de crímenes.
Y eso es lo que Petro quiere replicar con el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias. Que los violentos se vuelvan “gestores de paz”. Ya lo está haciendo. La prueba es Calarcá, quien hoy lo increpa. Quienes empuñaron armas contra la nación ahora dictan clases de reconciliación. Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la dignidad de un país entero que ha sido humillado por un Estado que, en lugar de defender a sus ciudadanos, prefiere pactar con quienes los desangran.
La verdad es que Calarcá no dejó títere con cabeza. Desnudó la hipocresía de los gobiernos que han confundido paz con impunidad. Y con su declaración nos recordó lo que muchos ya sabíamos, pero que los poderosos querían ocultar: la paz de Santos fue un premio para los criminales y la paz de Petro es una amenaza para los colombianos. Ya lo dijo: lo apoyaron en 2022 y lo volverán a apoyar en 2026. La paz es un negocio.
