Sin tintas medias y al grano: que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, deje de estar haciéndole creer a los cartageneros que la revocatoria producto de las anomalías de la licitación del alcantarillado de los corregimientos de Bayunca y Pontezuela (departamento de Bolívar) fue debido a la transparencia y diligencia de su administración. No sean descarados. Si no fuera gracias a un grupo de ciudadanos cartageneros que develamos todas las triquiñuelas de dos empresas (Coningma SAS y Seinco SAS), que hacían parte de dos de los consorcios participantes de la licitación, incluyendo el consorcio ganador (Consorcio Alcantarillado Rural), ese contrato se hubiera firmado sin ningún inconveniente.
Luego de este escándalo y de la simultanea y estrepitosa caída de 11 puntos porcentuales en dos meses en la más reciente encuesta de percepción realizada por Invamer (de 77% en febrero a 66% en abril), la Administración Turbay ha salido a hacer numerosas publicaciones como estrategia de mitigación. Imposible apagar el incendio. Demasiado tarde. La implosión empezó hace rato, pero no se habían dado cuenta. Esta Administración es solo oropel.
El ruido de malos manejos e irregularidades en distintas dependencias son el pan de cada día, solo por nombrar algunos: (I) la orden de arresto, multa y siete denuncias penales a las que se ha hecho acreedora la contratista Fany Pachón Rodríguez por difamadora; (II) los jugosos contratos con los “Clanes Morales y Sedán”; (III) el IDER con sus numerosas de órdenes de prestación de servicios y multimillonarios convenios con la Fecolsurf de Andrés Porras Villamil (sobrino de la secretaria General de la Alcaldía); (IV) el estímulo monetario irregular que el IPCC le adjudicó a la contratista de la Alcaldía, Jessica De La Barrera; (V) la certificación laboral dudosa que Juan Felipe Lorduy Eljach presentara en su hoja de vida para contratar con el Despacho del alcalde; (VI) la inhabilidad de Patricia Zapata Negrete de la que nadie sabía; (VII) las mentiras acerca de la Cuadrilla del Alcalde, las Pantallas Gigantes de la Copa América y los tiquetes de los Masaka Kids; (VIII) la desaparición de Tatiana Hernández; y (IX) los contratos de las cámaras, la inseguridad y sicariatos rampantes. Estos dos últimos prueban el fracaso del “Plan Titán24”.
La mediocridad que mostraron varios de los involucrados de la Alcaldía en la citada licitación, además de vergonzosa, es sospechosa. Que nadie se haya dado cuenta de las visibles inconsistencias pone en tela de juicio las capacidades de María Patricia Porras Mendoza, Milton Pereira Blanco y Wilmer Iriarte Restrepo. ¿O será que hay algo más que no sabemos?
Y ni qué decir de los continuos titubeos en las respuestas de la secretaria Porras Mendoza durante la entrevista que le hiciera Euclides Castro Vitola, en especial cuando este le increpó si se compulsarían copias de las irregularidades a los entes de control. Porras, pese a que es abogada, parece que olvidó el deber de denunciar del que habla el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. Cuidado con una queja disciplinaria, secretaria Porras.
Entre todo este revolú, hay un personaje que ha pasado casi que desapercibido. Se trata de Carlos Mario Ordosgoitia Liñán, quien es Asesor Código 105, Grado 47; más específicamente director de la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía de Cartagena (UAC). Carlos Mario no es cualquier personaje, ya que gran parte de la contratación del Distrito de Cartagena pasa por sus manos.
Durante toda esta semana me puse a indagar los antecedentes laborales de Ordosgoitia y me llevé varias sorpresas, cuyas protagonistas son nada más y nada menos que Ana María González Forero y Myrna Elvira Martínez Mayorga, quienes trabajaron en la administración del exalcalde William Dau Chamatt, respectivamente como secretaria del Interior (y antes en la Oficina de Cooperación Internacional) y jefa de la Oficina Asesora Jurídica.
Los ‘infiltrados’ en la administración Dau
Ana María se ganó la confianza del exalcalde Dau y hacía parte de su círculo cercano. Para nadie es un secreto el tipo de relación que hay entre Dumek Turbay y William Dau Chamat, quien ha denunciado en varias ocasiones a Turbay por presuntos hechos de corrupción desde que este fuera gobernador de Bolívar.
- También puede leer: Las denuncias contra el gobernador de Bolívar.
Pese a eso, González Forero trajo a la alcaldía Dau al abogado Gonzalo Javier Bossa Ricardo, quien es conocido de Turbay. De hecho, Bossa ha suscrito dos órdenes de prestación de servicio (OPS) con la Secretaría del Interior a cargo de Bruno Hernández Ramos (CD-SICC-1069-2025 y CD-SICC-0948-2024). Para rematar, el año pasado celebró un contrato (SS-262-2024) con la Gobernación de Bolívar de Yamil Arana, quien es de la casa Blel, quienes tampoco son santos de devoción de Dau.
Durante el periodo anterior, Gonzalo suscribió cuatro órdenes de prestación de servicio: dos en la Secretaría del Interior y dos en la Secretaría General (CD-SICC-028-2023, CD-SICC-3719-2022, CD-SECGRAL-175-2022 y CD-SECGRAL-3256-2021). Antes de eso, estuvo en la Secretaría del Interior de Yolanda Wong en el 2018 y la Dirección de Talento Humano en el 2013.
Detrás de Gonzalo vinieron tres personajes más que son sus amigos: el mismísimo Carlos Mario Ordosgoitia Liñán, Jhony David Pérez Sayas y Álex Andrés Ortiz Rodríguez.
Carlos Ordosgoitia —quien es un viejo conocido de Turbay y de Carlos Feliz Monsalve— suscribió tres OPS durante la administración Dau: dos en la Secretaría del Interior (CD-SICC-031-2023 y CD-SICC-4811-2022) y una en la Secretaría de Participación y Desarrollo Social (CD-SPDS-4375-2021). Simultáneamente tuvo siete OPS en la gobernación de Vicente Blel (DF-3457-2023, DF-141-2023, DF-2234-2022, DF-114-2022, DF-1798-2021, DF-044-2021 y DF-1609-2020). Además, suscribió siete OPS en Aguas de Bolívar entre el 2021 y 2023. En el pasado, celebró cinco OPS con la gobernación de Turbay.
Por su parte, Jhony Pérez firmó cinco OPS en la pasada administración: tres en la Secretaría del Interior (CD-SICC-140-2023, CD-SICC-294-2022 y CD-SICC-2724-2021) y dos en la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (CD-OAGRD-4410-2020 y CD-OGRD-3277-2020). Con la gobernación Blel tuvo dos en el 2023 (DF-3812-2023 y DF-2430-2023). Jhony es del grupo político de Antonio Salim Guerra Torres, quien es el padre de Alejandra Guerra (directora de Renta Ciudadana, que es la antigua Familias en Acción). Antonio Guerra estuvo involucrado en el escándalo de la elección de la excontralora Nubia Fontalvo Hernández.
Desde el 2024, Jhony es el director Administrativo del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Dato curioso: el objeto del contrato CD-SICC-0948-2024 de Gonzalo Bossa es «prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica con destino al cuerpo oficial de bomberos en el marco del proyecto denominado dotación del cuerpo de bomberos […]». En otra oportunidad examinaremos los contratos que Jhony ha suscrito con terceros en su cargo en el cuerpo de bomberos.
Por su parte, el abogado Álex Ortiz hizo feria de OPS durante la administración Dau: cinco en la Secretaría General (CD-SECGRAL-3392-2022, CD-SECGRAL-249-2022, CD-SECGRAL-3738-2021 y CD-SECGRAL-50-2021, CD-SECGRAL-373-2020), una en la Secretaría del Interior (CD-SICC-029-2023), cuatro en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA-296-2022, EPA-003-2022, EPA-PS-281-2021 y EPA-223-2021) y una en la Escuela Taller (80F de 2023).
Desde el 2024, Ortiz Rodríguez ha suscrito una OPS en la Localidad 1 de Frank Ricaurte Sossa (CD-LOCHIS1-4536-2024) y dos en la Personería Distrital de Cartagena de Eliana Simancas Tinoco (CD-CPS-01-FEB-2025 y CD-LOTE2-MARZO-2024), de quien se especula es de la casa Blel. También ha celebrado seis contratos en la Maternidad Rafael Calvo del 2022 al 2024 y una con la Alcaldía de Magangué.
Y los vasos comunicantes entre las administraciones Dau y Turbay se extienden aún más. Resulta que, desde su creación, Porras Abogados SAS (NIT 901.067.382) tiene como representantes legales principal y suplente a la actual secretaria General María Patricia Porras y a Santiago Trujillo Quintero, respectivamente. Asimismo, en la documentación de Porras Abogados SAS aparecen Andrés Eduardo Fonseca Coneo y Luisa Fernanda Duque Mariño.
Andrés Fonseca firmó tres contratos con la Secretaría del Interior entre el 2022 y 2023 (CD-SICC-1727-2023, CD-SICC-4288-2022 y CD-SICC-3080-2022). Luisa Fernanda Duque tampoco se quedó atrás y celebró cuatro OPS con la Oficina Asesora Jurídica entre el 2020 al 2023 (CD-OAJ-459-2023, CD-OAJ-2258-2022, CD-OAJ-356-2021 y CD-OAJ-4363-2020).
Y el nivel de nepotismo en la alcaldía Turbay parece no tener límites. No contentos con haberle dado tres contratos (CD-DESPACHO-3745–2025, CD-DESPACHO-3289–2024 y CD-363–2024) al sobrino de la secretaria Porras y presidente de la Fecolsurf, Andrés Porras Villamil, tienen también en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena a Santiago Trujillo, quien es el esposo de la hermana de María Patricia Porras. Trujillo ha suscrito tres contratos con el ente ambiental (EPA-PS-183-2025, EPA-PS-389-2024 y EPA-PS-149-2024). Como quien dice: todo en familia.
Al tenor de lo que se devela, no quiero imaginarme lo que habrá sucedido en otras dependencias. No sé ustedes, pero en lo que a mí respecta, ahora entiendo muchas de las cosas que pasaron durante la alcaldía pasada. Todo indica que, literalmente, Dau duró cuatro años durmiendo con el enemigo.
Ñapa
Para cerrar: Carlos Feliz Monsalve, amigo de Carlos Ordosgoitia, ha suscrito dos OPS con el Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y del Caribe (IDACCC). Como recordarán, en el IDACCC están Geverson Ortiz Soto (director) y Patricia Zapata Negrete (subdirectora de Participación Ciudadana), a quienes próximamente denunciaré ante los entes de control (leer más aquí).
