La decisión de la Corte Suprema de ordenar la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, por “aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas [del gobierno en el Congreso]” es la confirmación por parte del más alto tribunal de lo que ya se sabía: que ministros y otros altos funcionarios de Presidencia ordenaron usar dineros del Estado para comprar a los congresistas, que para eso se saqueó la UNGRD y que el objetivo fue facilitar el trámite de los proyectos gubernamentales en el Parlamento.
No es, ciertamente, el primero de los escándalos de Petro. Ahí están, entre otros, los videos donde se prueba que se corrió intencionalmente «la línea ética” en la campaña para difamar a sus contrincantes; la confesión de su primogénito de que se financiaron ilegalmente y que él mismo se apropió parte de los recursos recibidos; el pacto del hermano de Petro con los bandidos en las cárceles que, según afirmó, fue lo que les permitió ganar las elecciones; la amenaza de Benedetti de abrir la boca para contar quienes son los impresentables que habrían entregado 15.000 millones para la elección de Petro y los llevaría a todos a la cárcel; la violación de topes en la campaña con dineros de la USO y FECODE, el uso de la narcoavioneta, las contribuciones de los lavadores de dinero y estafadores de Daily Cop y sus criptomonedas, los aportes mafiosos del Hombre Malboro y de Sobrino, y un largo etcétera que demuestra que Petro ganó con trampa y violando la ley y el código penal; las maletas de dinero de desconocido origen hurtadas a Sarabia, las chuzadas ilegales y el uso no autorizado del polígrafo a su empleada y su niñera y el “suicidio» del coronel Dávila; los aportes del gran capo del contrabando Papá Pitufo vía Xavier Vendrell y el nombramiento de sus fichas en la DIAN de la mano de, entre otros, el mismo hermano presidencial y algún ministro; los 180.000 millones en contratos vía Fenoge a Euclides Torres, otro protagonista de la financiación irregular; el pago del séquito de Verónica Alcocer y sus lujos interminables; el uso de las superintendencias como instrumento de policía política y de la RTVC como herramienta de propaganda; las acusaciones y difamaciones, sin prueba alguna, de sus críticos y contradictores como asesinos, nazis, fascistas, esclavistas, golpistas, etc; el nombramiento de ministros, altos funcionarios y diplomáticos imputados por la justicia, actores porno, ignorantes absolutos en las materias de sus despachos; el incumplimiento sistemático de la agenda de gobierno, las desapariciones y las acusaciones de su excanciller y su actual MinInterior de que es drogadicto; la entronización de la vulgaridad y la ordinariez en el gobierno; los desfalcos en MinDeportes, el Invías, la SAE, Hocol, las EPS intervenidas y un otro largo etcétera; los apartamentos de Ricardo Roa, la contratación de Ecopetrol y su cuasiquiebra; el madrazo al actual presidente del Senado, las presiones a las altas cortes y el desconocimiento de la independencia y autonomía de las otras ramas del poder público; y la lista sigue.
Como sea, la compra de los congresistas es el peor de todos los escándalos. Por los cargos de los sobornados, por el propósito de los sobornos, por el origen de los recursos, por quienes los ordenaron. Los sobornados son más ni menos que los expresidentes de ambas cámaras, más otro par de docenas de congresistas, incluyendo el expresidente de la Comisión de Acusaciones, como sabremos prontamente.
El motivo fue facilitarle a Petro el trámite de sus proyectos en el Congreso (y seguramente frenar sus procesos en la citada Comisión). La plata que se usó fue la que debía dedicarse a atender a los más necesitados, a los afectados por los desastres. Y quienes determinaron los sobornos fueron un par de los más altos ministros del gobierno (un MinInterior y dos MinHacienda con certeza, con probabilidad de que también estén involucrados el de Salud y una de Trabajo), el director de Presidencia y el de la Función Pública. Entre ellos, sus asesores y los funcionarios de la UNGRD montaron una empresa criminal para saquear la entidad, comprar los congresistas y, de paso, meterse miles de millones de pesos al bolsillo.
Petro tiene, sin duda, una ineludible responsabilidad política. Por la designación de sus funcionarios y porque varios de ellos son sus íntimos amigos y excompañeros del M19. Porque el fin de la operación delincuencial lo tiene como su único beneficiario político. Pero además porque no es creíble que tal concierto para delinquir, con semejantes involucrados y el monto del saqueo y de los sobornos, se hubiera llevado a cabo sin el conocimiento y la autorización de él mismo. Es imposible que tantos ministros y altos funcionarios complotaran con semejante propósito, con reuniones en la misma Casa de Nariño, sin que su jefe supiera y los autorizara.
En otros países, repito, casi cualquiera de esos escándalos hubiera llevado a la renuncia del jefe de gobierno. Y, sin duda, a procesos judiciales. Con el de esta semana, la dimisión sería segura. Acá no pasa nada en la Comisión de Acusaciones y tampoco se activa un juicio por indignidad y ni siquiera lo exigen los congresistas de la oposición. Y la Fiscal de Petro protege a los más altos funcionarios.
Hay, sin duda, un déficit grave en la ética pública. Hay también un letargo en la opinión que pareciera acostumbrada a la sucesión sin fin de escándalos. Hay una flojedad inaceptable de los medios de comunicación. Hay una endeblez desconcertante de la oposición. Hay una evidente fragilidad en la institucionalidad democrática.
