En Colombia, la seguridad ciudadana atraviesa una de sus etapas más críticas en años recientes. Las decisiones del gobierno de Gustavo Petro en relación con la Fuerza Pública, especialmente con la Policía Nacional, evidencian un cambio ideológico y operativo profundamente preocupante. Mientras se proclama la paz total como bandera política, se desmantelan las instituciones que históricamente han resguardado a la ciudadanía. Lejos de una estrategia integral de paz, lo que estamos presenciando es el debilitamiento estructural del Estado frente al crimen.
Durante el último año del gobierno de Iván Duque, la Policía Nacional operaba con un presupuesto de 65.485 millones de pesos. Al asumir Petro la presidencia, el presupuesto bajó abruptamente a 35.035 millones en 2023, 32.000 millones en 2024 y una escandalosa proyección de solo 18.000 millones para 2025. Esta reducción del 70% en apenas tres años no puede interpretarse como una simple reestructuración financiera. Se trata de una decisión política clara, sustentada en el discurso del mandatario que, desde la campaña, ha mostrado una actitud de desprecio hacia las Fuerzas Armadas y la Policía, instituciones a las que ha acusado reiteradamente de responder a intereses contrarios al pueblo.
Mientras se recorta el presupuesto de quienes enfrentan el crimen en las calles, se destinan ingentes recursos a los procesos de diálogo con estructuras armadas ilegales, muchas de las cuales están profundamente vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y otras formas de violencia organizada. En 2023, el propio gobierno reconoció la asignación de más de 200.000 millones de pesos a programas asociados al proceso de paz con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. A estos actores se les han ofrecido garantías jurídicas, no extradición y beneficios que, en muchos casos, no han sido condicionados al cese efectivo de hostilidades, al desarme ni a la reparación de las víctimas.
Este tipo de acciones plantean una pregunta inquietante: ¿está el Estado financiando indirectamente al crimen organizado bajo la narrativa de la paz? Mientras se buscan acuerdos sin condiciones estrictas, los índices de criminalidad han empeorado. Según el Observatorio de Seguridad de la Universidad del Rosario, los homicidios crecieron un 12% en 2023 con respecto al año anterior, y los casos de extorsión aumentaron significativamente en zonas rurales donde el Estado ha perdido presencia. La Fundación Ideas para la Paz ha reportado que al menos 143 municipios que estaban bajo control estatal tras el Acuerdo de 2016 hoy muestran nuevamente actividad de grupos armados ilegales.
Los policías, por su parte, trabajan en condiciones indignas. La falta de recursos afecta la operatividad, el equipamiento y la moral institucional. Muchos deben patrullar con vehículos en mal estado, sin los implementos mínimos de protección personal, y sin garantías adecuadas para ejercer su labor. Es una situación que no solo desmotiva, sino que pone en grave riesgo sus vidas y las de los ciudadanos.
Mientras tanto, los cabecillas de organizaciones armadas negocian en salones con aire acondicionado, obtienen recursos del Estado y, en algunos casos, incluso influencias políticas. El resultado es un desbalance alarmante entre quienes defienden la legalidad y quienes han hecho del crimen un modo de vida. La seguridad de los colombianos no puede depender de apuestas políticas sin resultados concretos ni compromisos reales.
Colombia no necesita menos Policía ni menos Estado, sino instituciones más fuertes, profesionalizadas y respetadas. Una paz verdadera no se construye debilitando a quienes protegen a la ciudadanía, sino garantizando justicia, reparación y seguridad. La historia juzgará con severidad a quienes optaron por desarmar al Estado para empoderar al delito. Presentamos nuestra más absoluta solidaridad con nuestra Policía Nacional.
