Un nuevo escándalo sacude la administración del alcalde Dumek Turbay Paz. Dos funcionarios del Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACCC) están en el centro de una denuncia penal, fiscal y disciplinaria.
Los señalados son Patricia Zapata Negrete, quien fungía como subdirectora y su jefe directo, Geverson Ortiz Soto. Ambos fueron denunciados por el ingeniero Álvaro González por delitos como violación al régimen de inhabilidades, prevaricato por acción y omisión, y el delicado cargo de peculado por apropiación, que implica el uso indebido de recursos públicos.
Según la denuncia, Zapata Negrete fue nombrada en el IDACCC el 25 de junio de 2024, a pesar de estar sancionada por la Contraloría General de la República con una multa superior a $532 millones, sanción que quedó en firme en octubre de 2024 y que la inhabilita para ejercer cargos públicos hasta 2029, según lo estipulado por la Ley 1952 de 2019.
Lo más grave del caso es que Ortiz Soto habría tenido conocimiento pleno de esta inhabilidad al momento de firmar la Resolución de nombramiento. A pesar de ello, la funcionaria fue posesionada ejerciendo funciones administrativas y de supervisión contractual, lo que pone en tela de juicio la legalidad y transparencia de las decisiones del IDACCC.
Aunque el nombramiento de Patricia Zapata fue revocado mediante la Resolución 001 del 29 de abril de 2025, esta revocatoria no los exime de responsabilidad penal, disciplinaria ni fiscal. Serán los entes de control quienes determinen las consecuencias, teniendo en cuenta que Zapata ejerció funciones de manera ilegal desde el 17 de octubre de 2024 hasta el 28 de abril de 2025, es decir, durante seis meses y 11 días. En ese periodo recibió un salario de $13.550.262 (sin ajustes de 2025), monto que deberá ser devuelto al Estado por haber sido percibido estando inhabilitada.
Desde una perspectiva institucional, el caso revela fallas graves en los filtros de control y una presunta omisión deliberada por parte de los funcionarios responsables de validar los requisitos para la vinculación al cargo.
La denuncia, radicada con un documento de 28 páginas, está sustentada en normas constitucionales, jurisprudencia y pruebas documentales, y exige a la Fiscalía General de la Nación activar sus capacidades operativas, dirigiendo a la Policía Judicial para el análisis urgente de pruebas.
El denunciante también radicó la queja en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y solicitó que se compulsaran copias a la Contraloría General de la República (CGR)”.
Este escándalo ocurre en medio de una crisis de confianza institucional en Cartagena y podría escalar si se demuestra una red de complicidad dentro de la Administración Distrital.
