Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha intentado redibujar el escenario político de Colombia con una serie de iniciativas que mezclan simbolismo, provocación ideológica y una desconexión alarmante con la realidad nacional. Su reciente propuesta de trasladar el proceso de paz con el ELN al Vaticano, en el marco de una visita oficial al Papa LEON XIV, es un episodio más de esta narrativa que parece priorizar la teatralidad sobre la eficacia.
La idea (vistosa, impactante y pensada para titulares) se presenta como una jugada maestra de reconciliación. Pero en el fondo encierra una carga de oportunismo político y desconexión que no se puede pasar por alto. Que el Vaticano sea un símbolo universal de paz no significa que sea el escenario idóneo para resolver un conflicto interno cuya raíz es tan profunda como compleja.
Según información confirmada por la misma Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el presidente solicitó formalmente al Papa el respaldo del Vaticano para albergar una nueva fase del proceso con el ELN. Esta propuesta surge en medio de una profunda crisis de credibilidad del proceso, luego de que dicho grupo armado violara reiteradamente el cese al fuego, continuara con secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado y atentados a la infraestructura civil. Incluso el Gobierno se vio obligado a suspender parcialmente las negociaciones a comienzos de 2025 tras el secuestro de tres militares por parte del ELN en Nariño.
Lo que inquieta profundamente es que mientras las víctimas de estos crímenes aún esperan justicia y verdad, el presidente busque instalar a los perpetradores en uno de los lugares más sagrados del cristianismo. ¿Qué mensaje se envía al país cuando se pretende convertir a quienes aún no han respondido ante la justicia en protagonistas de una escenografía internacional? ¿Dónde quedan la legalidad, el respeto a las instituciones y, sobre todo, las víctimas?
A esto se suma una propuesta, (memes en las redes que ridiculizan al presidente), pero ampliamente comentada en redes sociales, que raya en la caricatura: la supuesta intención de solicitar la canonización de Camilo Torres, el sacerdote guerrillero del ELN muerto en combate en 1966. Si bien podría tratarse de una broma que circula entre detractores del Gobierno, lo cierto es que, conociendo el talante simbólico del presidente, no parece del todo descabellado dentro de su irrealismo mágico.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde la oposición, voces como la de la senadora María Fernanda Cabal han calificado la propuesta de “absurda” y “desconectada de la realidad”. Por su parte, analistas como Ariel Ávila han señalado con razón las complicaciones jurídicas que implicaría movilizar a miembros del ELN (con órdenes de captura) a territorio europeo, especialmente bajo las leyes migratorias y penales de Italia y el Vaticano.
Lo más preocupante es que estas acciones terminan minando el ya frágil prestigio de nuestras fuerzas armadas y de policía. Mientras se gestan homenajes en el exterior para los victimarios, aquí se persiste en la estigmatización institucional de quienes sacrifican su vida por el orden y la seguridad. Petro ha sido incapaz de demostrar una mínima empatía hacia quienes protegen la soberanía nacional. No hay un solo gesto de reivindicación real para nuestras fuerzas, y sí múltiples discursos donde las acusa de ser parte del problema.
Este tipo de iniciativas no solo comprometen la seriedad del Estado colombiano frente a la comunidad internacional, sino que también fracturan aún más el tejido social nacional. Gobernar no es una sucesión de actos simbólicos, ni una campaña de marketing permanente. La paz no se decreta desde una plaza en Roma, ni se valida con la bendición papal. La paz se construye con verdad, justicia, reparación y garantías reales de no repetición.
Petro debería dejar de gobernar desde la nostalgia revolucionaria, desde los mitos ideológicos que lo formaron, y asumir con madurez el rol que los colombianos (no solo su electorado) le confiaron. Colombia no necesita redención en el Vaticano, necesita liderazgo real, acciones concretas y respeto por las instituciones.
