El ingeniero Álvaro González Álvarez, denunció ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría actos de corrupción en la adjudicación del contrato LP-SID-005-2024, por medio del cual se pretende construir embarcaderos en la zona insular del Distrito de Cartagena. La obra, adjudicada al Consorcio Embarcaderos Cartagena ha sido señalada por presuntas falsedades documentales y vínculos cuestionables entre contratistas y funcionarios públicos.
En la denuncia asegura haber encontrado pruebas de que el consorcio adjudicatario habría presentado una certificación falsa ante Ecopetrol S.A. como parte de los requisitos de experiencia exigidos en el proceso licitatorio. Según el denunciante, la petrolera afirmó que no existe en sus registros prueba de la existencia de ese documento. Afirmaron que Construlatina había celebrado un solo contrato con Ecopetrol en 2002 por quince días, el cual no tiene que ver con el que se presentó en la licitación, lo que empeora la situación.
El consorcio en cuestión está conformado por las empresas Construlatina S.A.S. e Ingeniería y Gestiones de Colombia S.A.S. (Ingecol), con participaciones del 90% y 10%, respectivamente. González afirma que Construlatina hace parte de un entramado empresarial con sede en Barrancabermeja, al que denomina el “Clan Barranqueño”, y que ya habría estado involucrado en otros procesos de contratación cuestionados, como el del sistema de alcantarillado de Bayunca y Pontezuela.
El denunciante advierte que estos consorcios actuarían en connivencia con funcionarios locales cercanos al actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y que incluso existirían vínculos directos con funcionarios de la propia Contraloría General de la República. Entre los nombres mencionados están el de Diego Bustillo Alvarado, funcionario de esa entidad, y su hermano Dayro Bustillo Alvarado, actual secretario privado del mandatario local.
Además, se señala a Karina Margarita Vásquez Buelvas, contralora provincial, como presunta pariente de figuras políticas cercanas al exalcalde condenado Manuel Vicente Duque Vásquez. Esta red, según González, podría estar interfiriendo en investigaciones y favoreciendo la adjudicación de contratos públicos a empresas cuestionadas.
En su petición, solicita que se realice un control preferente y concomitante sobre este y otros contratos recientes en Cartagena de Indias, para evitar que recursos públicos terminen en manos indebidas y se afecte la calidad de obras fundamentales para la ciudad.
«Esta situación vulnera principios básicos de la contratación pública como la transparencia, la legalidad y la igualdad», expresó el denunciante, quien también teme por la interferencia política en las acciones de control fiscal.
La denuncia incluye un documento de 47 folios, enviado a la Alcaldía de Cartagena, y está acompañada de pruebas obtenidas mediante peticiones formales. González reiteró su disposición para aportar más información y pruebas a las autoridades competentes. Por ahora, se espera una respuesta oficial de los organismos de control frente a la grave situación expuesta.
