Cartagena de Indias está pidiendo auxilio. Y no es una metáfora. Atracos a plena luz del día, asesinatos en zonas turísticas, desapariciones sin respuesta y una ciudadanía que vive entre el miedo y la impotencia. El último golpe: el asalto a un grupo de turistas en la avenida Rafael Núñez, en pleno corazón del Centro Histórico, registrado en video y viralizado como símbolo del colapso de la seguridad pública.
Pero mientras los ciudadanos reclaman protección, el alcalde Dumek Turbay parece más ocupado en anunciar artistas y montar tarimas para las Fiestas de Independencia que en enfrentar con seriedad una crisis que ya dejó de ser silenciosa. En redes y medios aliados, su prioridad es la rumba, no el orden público. Su gobierno se ha convertido, literalmente, en un espectáculo.
El Observatorio de Policía y Seguridad lanzó una advertencia que retumbó con fuerza. Su director, Alcides Arrieta Meza, cuestionó duramente al mandatario local por enfocarse en obras de infraestructura y eventos masivos mientras la seguridad “está hecha trizas”.
“No puede ser solo el alcalde del pavimento, del concreto, de las canchas y las fiestas”, dijo Arrieta. Su crítica fue más allá: le pidió al alcalde que, si no se siente capaz de proteger la vida, honra y bienes de los cartageneros, evalúe seriamente su renuncia. Una declaración que evidencia hasta qué punto la confianza en su liderazgo está fracturada.
El deterioro no solo pasa por el Palacio de La Aduana. También hay fuego cruzado contra la Policía Metropolitana. Varios sectores han expresado su inconformidad con la gestión del Brigadier General Gelver Yecid Peña. Lo acusan de actuar más como escolta del alcalde Turbay que como comandante de una institución que debería estar combatiendo el crimen organizado, el microtráfico y el sicariato que avanza desde las periferias hasta el Centro Histórico.
En redes sociales crece la exigencia de relevo. “No podemos seguir con un comandante decorativo”, afirman líderes comunitarios, que también piden que la Policía deje de ser un apéndice del poder político y retome su papel constitucional.
La crítica no solo viene de afuera. Desde dentro del mismo Distrito, los Sindicatos Unidos emitieron un comunicado demoledor contra el secretario del Interior, Bruno Hernández Ramos. Le exigen la renuncia inmediata, acusándolo de inoperancia y de no tener una política criminal clara. “Nos tiene sumidos en el miedo y la angustia”, expresan en una carta firmada por más de una docena de organizaciones sindicales. El respaldo masivo de gremios como SINTRAEDUCAR, SINTRAEPCOL, SINEMPECAR, SINDEMUJER y otros demuestra el profundo desgaste institucional que atraviesa la administración Turbay.
En lo que va del año, los indicadores de criminalidad en Cartagena son alarmantes: homicidios, hurtos, extorsiones y atracos en aumento constante. Y a cada nuevo hecho, la respuesta de la Alcaldía parece más una puesta en escena que una estrategia. Anuncios vacíos, ruedas de prensa sin fondo y promesas que no se cumplen.
Cartagena no puede seguir siendo gobernada desde la tarima ni protegida desde la pasarela. Esta es una ciudad que necesita decisiones firmes, no coreografías de poder. La imagen turística está en juego, pero más importante aún: la vida de sus habitantes. El crimen ya no respeta ni la zona amurallada. El abandono institucional es tan evidente que incluso quienes antes callaban hoy alzan la voz con fuerza.
El mensaje de fondo es uno solo: Cartagena necesita liderazgo real, voluntad política y acciones inmediatas. Si no se actúa ya, la crisis dejará de ser coyuntural y se convertirá en una ruina institucional que ni el concreto ni los conciertos podrán tapar.
