Por estos días, en los departamentos de Sucre y Córdoba, la indignación no cabe en una sola voz. Y con razón. La posibilidad de que los confesos asesinos del ganadero Esteban Urueta González y de sus trabajadores Gerardo Marzola y Fredy Beleño queden en libertad, no por su inocencia sino por un tecnicismo procesal, es un nuevo capítulo en la larga novela de impunidad que caracteriza al sistema judicial colombiano. En Colombia, la justicia no solo llega tarde: llega mal, y a veces ni llega.
Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés confesaron el crimen. Se entregaron voluntariamente a las autoridades, señalaron dónde enterraron los cuerpos de las víctimas y detallaron lo ocurrido en una de las escenas más crueles que recuerde el gremio ganadero de la región. Sin embargo, un fallo procesal, la indefinición sobre cuál juzgado (Chimá o Sahagún) tiene la competencia del caso, y la laxitud en los términos judiciales, podrían permitir que estas personas vuelvan a pisar la calle antes del juicio programado para el próximo 6 de junio. La excusa: no había una orden de captura emitida al momento de su entrega. ¿En serio?
La justicia en Colombia parece más preocupada por respetar al milímetro los formalismos que por proteger los derechos de las víctimas. Que nadie se equivoque: esto no es garantismo, es negligencia. Aquí no se está hablando de personas capturadas ilegalmente, ni víctimas de un montaje judicial. Son asesinos confesos. Y aun así, la posibilidad de que puedan recuperar la libertad (aunque eventualmente deban comparecer a juicio y ser recapturados) es una cachetada para los familiares de los tres hombres vilmente asesinados.
La ley prevé, por supuesto, figuras como el habeas corpus, pero no aplica en este caso. Como bien ha explicado el abogado penalista Alonso López Rhenals, esta herramienta está diseñada para proteger a los ciudadanos de detenciones arbitrarias o prolongaciones indebidas de la privación de la libertad. No para deshacer torpezas del sistema judicial cuando este es incapaz de actuar con la debida celeridad y coordinación.
La pregunta de fondo es: ¿hasta cuándo seguiremos aceptando esta burla institucional? Porque no es la primera vez. Y lamentablemente, no será la última. La impunidad en Colombia está blindada por una maraña de normas, plazos, audiencias aplazadas, rotaciones de jueces y negligencias administrativas. Mientras tanto, la familia de Esteban Urueta, la sociedad sucreña y cordobesa, y el gremio ganadero nacional entero, esperan justicia. Una justicia real, no de papel.
Las implicaciones de esta posible liberación van más allá del dolor personal. Mandan un mensaje peligrosísimo: matar en Colombia puede no tener consecuencias inmediatas si se aprovecha el colapso del sistema judicial. Que no se nos olvide que estos casos alimentan el miedo, el resentimiento y la desesperanza de un país que ha visto cómo los victimarios terminan mejor tratados que las víctimas.
Hoy más que nunca, esta sociedad exige que no haya más Estebanes, ni Gerardos, ni Fredys que caigan en el olvido. Exige jueces responsables, fiscales diligentes y abogados que no abusen de su conocimiento legal para sabotear la verdad. La justicia que no es oportuna, simplemente no es justicia. Y en Colombia, tristemente, esa injusticia ya es costumbre.
