En Colombia, los hechos más graves tienden a quedar envueltos en las brumas del olvido o, peor aún, de la indiferencia. Esta vez, el país enfrenta una pregunta que no solo es simbólica, sino reveladora: ¿y dónde está el celular del sicario que atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay?
En cualquier democracia sólida, el aparato móvil de un atacante sería la primera prueba bajo custodia, un elemento esencial para desentrañar redes, autores intelectuales y posibles conexiones mayores. Pero en Colombia, desaparece. Así, sin más. Como si no existiera. Como si no importara. Y en ese silencio absurdo, se ahogan verdades que deberían escandalizar a la opinión pública.
Porque lo que ocurrió el pasado fin de semana con el atentado contra el senador y excandidato presidencial no fue un hecho aislado ni un acto fortuito: fue el resultado de una cadena de omisiones, negligencias y tal vez permisividades. Empezando por la decisión de reducir de siete a tres los miembros de su esquema de seguridad, una medida “sorpresiva y extraña”, como incluso lo ha reconocido el presidente Petro. ¿Extraña para quién? Porque para el país, que ha visto cómo se desmantelan los dispositivos de seguridad de figuras de oposición, ya no resulta tan sorprendente.
Lo más inquietante es que la reducción se hizo a pesar de que el propio senador había advertido sobre la necesidad de mejorar su seguridad. ¿Qué clase de sistema de protección ciudadana ignora semejantes advertencias? ¿Y qué explica la constante negativa del director de la UNP, ¿Augusto Rodríguez (un ex militante del M-19 convertido en funcionario estatal), a fortalecer el esquema de un senador con calificación de riesgo extraordinario? Por simples errores de digitación en las solicitudes.
En otro país, estas preguntas estarían siendo discutidas en los grandes medios, en el Congreso y en los tribunales, incluso ya hubiesen iniciado investigaciones contra el director de la UNP y todo el esquema de seguridad por lo menos. Aquí, parecen diluirse en comunicados técnicos, reportes médicos y cortinas de humo.
Por otro lado, la Clínica Santa Fe ha informado que el estado del senador es crítico. Su vida aún está en juego. Y, sin embargo, el foco del debate no parece estar en la responsabilidad del Estado, sino en una absurda relativización del hecho. ¿Qué más tiene que ocurrir para que entendamos que esto no es una simple falla burocrática, sino un síntoma de algo más grave? La oposición está en peligro. Literalmente.
La situación de seguridad en la oposición se hace más compleja, el expresidente Álvaro Uribe ha denunciado que hay información seria y creíble sobre planes para asesinarlo, junto con la senadora María Fernanda Cabal, el abogado Abelardo De La Espriella y la periodista Vicky Dávila. Esto no es igual al delirio de persecución de Petro, ya iniciaron con Nicolás Uribe. ¿Cuantos más deberán caer acaso? ¿Es esto una estrategia política de la izquierda terrorista en Colombia? Son señales de un ambiente hostil donde la violencia política está dejando de ser amenaza para convertirse en realidad.
En medio de todo esto, el Centro Democrático ha decidido apartarse de la Comisión de Garantías Electorales. El mensaje es claro: no confían en el presidente Petro ni en su ministro del Interior, Armando Benedetti. Solicitan, con toda razón, la intervención de la Procuraduría y el respaldo ciudadano a las instituciones que aún funcionan con independencia. Porque cuando las garantías desaparecen, lo único que queda es la resistencia institucional.
La pregunta por el celular del sicario no es trivial. Ese aparato podría contener claves esenciales sobre la autoría intelectual del atentado, rutas de financiación, vínculos políticos o criminales. Su desaparición no puede ser una anécdota más. Es una advertencia. Una alerta roja.
Y mientras eso ocurre, el gobierno guarda silencio. O peor aún, justifica. Sigue abonando el terreno para un discurso de polarización donde todo aquel que disienta es enemigo, donde las instituciones incómodas son señaladas, y donde la seguridad se vuelve un favor, no un derecho.
Colombia no necesita más discursos de odio. Necesita respuestas. Y garantías. Porque si hoy es Miguel Uribe, mañana podría ser cualquiera. Porque cuando se permite el acceso de los violentos a quienes representan una alternativa política, ya no estamos ante una democracia frágil, sino ante una democracia en agonía. Y sí, la pregunta sigue vigente, más fuerte que nunca: ¿Dónde está el celular de sicario?
