El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, asesorado y respaldado por sólidos argumentos legales y constitucionales, ha cumplido con lo que había anunciado: expidió el decreto mediante el cual convoca al pueblo colombiano a las urnas, a través del mecanismo de la democracia participativa de la Consulta Popular. En esta, la ciudadanía podrá responder sí o no a las 16 preguntas formuladas por el Gobierno Nacional sobre la necesidad de implementar condiciones laborales dignas para los trabajadores del país.
El Decreto número 0639, fechado el miércoles 11 de junio de 2025, está firmado por el Presidente y por todos sus ministros. En él se detallan las consideraciones que sustentan su expedición y se fija el jueves 7 de agosto de 2025 como la fecha para la jornada electoral. Ese día, los colombianos podrán manifestarse libremente en las urnas respecto a las preguntas planteadas por el Gobierno.
La motivación del Gobierno para emitir este decreto radica en los bochornosos hechos que rodearon el fallido trámite de la Consulta Popular en el Senado el pasado 14 de mayo. Durante esa sesión plenaria, cuestionada por múltiples sectores, se votó de manera irregular, según la denuncia de la senadora María José Pizarro. Esta impugnó el resultado ante la justicia, luego de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se negara a repetir la votación como lo solicitó. Un juez de la República le dio la razón a Pizarro y ordenó a Cepeda repetirla, pero este ha desacatado el fallo, lo que se convirtió en una de las principales razones para que el presidente Petro optara por la vía del decreto.
Petro sustenta su decisión en el artículo 33-c de la Ley 1757, que le otorga la facultad de convocar directamente al pueblo a una Consulta Popular cuando el Congreso no se pronuncie dentro del plazo de un mes desde su radicación. Según él, esta norma lo exime de incurrir en prevaricato. Además, reitera que, tras un mes de haber presentado la consulta al Senado, este no ha adoptado ninguna decisión definitiva al respecto.
Los asesores jurídicos del Presidente han afirmado que, si bien el decreto podría ser demandado, no correspondería al Consejo de Estado pronunciarse, ya que se trata de un asunto de carácter electoral y, por tanto, sería competencia de la Corte Constitucional.
En todo caso, esto apenas comienza. La tormenta de demandas ya empezó, y es probable que muchas de ellas estuvieran listas incluso antes de la expedición del decreto. No faltarán los intentos por tumbarlo desde distintos frentes. Y, como es costumbre, los mismos de siempre seguirán atacando a Petro con los calificativos de guerrillero, aliado de las FARC, narcotraficante, drogadicto, alcohólico, terrorista, y responsable de todos los males que, en realidad, ha arrastrado Colombia desde hace más de dos siglos. Pero Petro ha sido claro: su único objetivo es acabar con la inequidad y la esclavitud laboral. Solo eso.
